Joan Queralt : ¿Hasta cuándo?

Ya dije en estas páginas, días atrás, que con quien cenara o dejara de cenar Dívar en privado es irrelevante; como si se tratara de un comensal imaginario. Sus caprichos no son asunto público. No vale decir que se trata de una muy alta magistratura que está 24 horas al día de servicio, 365 días al año. Si así fuera, sus naranjas de postre o sus calcetines deberíamos pagarlos a escote. Cobra un sueldo, el segundo público tras el jefe del Estado, más que acorde con la dignidad de sus funciones. Por ello no es de recibo que se gaste en dos o tres semanas caribeñas, marbellíes o bálticas lo que una familia media española consume durante un año.

Esta resistencia a aceptar lo evidente, que la justicia no ha visto --de modo más que discutible-- como delictivo, proviene de que nuestro mandatario, como parte de la casta dominante española, vive aún en el antiguo régimen, en el anterior a la revolución burguesa. En efecto, los integrantes de la Administración, y sus directivos los primeros, sirven con objetividad los intereses generales, tal como impone la Constitución. Condición necesaria de tal modo de servir es la separación entre el hogar y la oficina del funcionario: si ni este ni los ciudadanos saben cuando actúa como agente público o como particular confundiendo sus objetivos y su patrimonio, mal puede hablarse de un Estado moderno, de un Estado social y democrático de derecho. Por eso tenemos un Estado poco eficaz gobernado, en la cúspide, por ocurrentes socios de casinos provincianos, rememorando ahora a Machado (Antonio). Quien gobierna la judicatura no puede hacerlo desde la barra del bar piscinero ni desde el vehículo oficial, demandado, en plenas vacaciones, para asistir a los santos oficios.