El Gobierno, lejos de aprovechar la polémica por los viajes de Carlos Dívar para forzar el cese de un presidente elegido por el Ejecutivo anterior (aunque de perfil conservador), se apresuró ayer a pasar página. Pese a que Dívar no ha podido frenar en los últimos meses varias iniciativas opuestas a la gestión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el Ejecutivo demostró que su prioridad, en estos días en que España camina al borde del precipicio por las presiones de los mercados, es cerrar cuanto antes la crisis de confianza que acecha a una de las más altas instituciones del Estado.

De ahí que Gallardón felicitase ayer al CGPJ y su presidente por haber "puesto fin" a una situación que, según admitió, "no era beneficiosa ni para la justicia ni para España". El ministro consideró que el acuerdo unánime del Consejo General del Poder Judicial para poner en marcha un plan de austeridad y las explicaciones de Dívar ante la prensa, en las que negó haber cometido alguna irregularidad por sus estancias de lujo en Marbella pagadas por el CGPJ, son suficientes para dar por zanjado el caso.

FORTALEZA INSTITUCIONAL "Vivimos un momento delicado, donde la fortaleza de las instituciones es determinante para superar la crisis", añadió como justificación. En la misma línea, el diputado del PP y presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso, Alfredo Prada, dijo que, "por el bien de la institución y del conjunto de la administración de justicia", hay que "dar por cerrado el incidente".

Sin embargo, el PSOE y la Izquierda Plural se niegan a tapar el escándalo. El líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, consideró que las explicaciones de Dívar son "claramente insuficientes" y anunció que pedirá que declare en el Congreso. La Izquierda Plural, por su parte, registró ayer en la Cámara baja su tercera petición de comparecencia y se apresuró a destacar que el PSOE, "que parece que ahora se ha caído del caballo", vetó la primera y solicitó reformular la segunda. En cualquier caso, es poco probable que Dívar dé la cara en las Cortes dado que, según apuntó Gallardón, el Parlamento "no tiene competencia" para controlar al CGPJ.