Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha presentado tres enmiendas parciales al texto presentado por el Gobierno para reformar la vigente Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010, que abre la puerta a la privatización de dichos canales autonómicos, y entre las que plantea la obligación de someter a las televisiones autonómicas públicas a un plan de ajuste porque dice que son "insostenibles".
En concreto, fue el Consejo de Ministros aprobó a finales de abril el proyecto de Ley que permitirá a los gobiernos autonómicos decidir qué hacen con sus televisiones autonómicas: si quieren mantener o no este servicio, y si desean prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa privada.
En caso de quedarse con la gestión, no podrán tener déficit porque "no se permitirán desequilibrios en los presupuestos", según avanzó en aquel momento la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Además, elimina la obligatoriedad de que las públicas deban ejercer la producción propia de sus servicios informativos, pudiendo ceder a un tercero la producción y edición de dichos informativos.
En su enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, la formación 'magenta' argumenta así que las televisiones públicas autonómicas son, con carácter general, "insostenibles" desde un punto de vista financiero y uno de los factores que están incidiendo en el "preocupante deterioro" de las cuentas de las comunidades autónomas.
De hecho, avisa de que "sorprendentemente" las comunidades autónomas prefieren recortar en servicios esenciales del Estado, como la sanidad o la educación, a hacer una reflexión "seria y profunda" sobre la viabilidad y el sentido del gasto que suponen las citadas televisiones.
En este sentido, considera "positiva" la aprobación anual de un límite máximo de gasto para cada uno de los operadores, según plantea en Gobierno en la reforma, aunque cree que dicha obligación resulta "manifiestamente insuficiente" sin la elaboración de un verdadero plan de viabilidad, que no se contempla en el proyecto, y un mecanismo de carácter coercitivo que evite que los operadores y canales públicos sigan acumulando déficit.
Una propuesta de reducción de gastos
Así las cosas, dice que el proyecto presentado por el Ejecutivo tan sólo prevé que, en el caso de que las cuentas no estén en equilibrio financiero, los propios "prestadores de servicio público" (que en muchos casos serán empresas privadas) tienen que presentar una propuesta de reducción de gastos, que además no tendrá efectos inmediatos sino para el ejercicio siguiente, siendo todo ello fiscalizado exclusivamente por las propias comunidades autónomas, "que difícilmente van a querer prescindir de esos potentes instrumentos de propaganda política".
Por ello, cree conveniente que cada una de las comunidades autónomas elabore un plan de ajuste de sus correspondientes operadores (contemplando las medidas necesarias para el cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financiera, como supresión de canales, cierre de delegaciones o ajustes en su estructura organizativa), y que a su vez debería ser aprobado por el Estado, que en última instancia tendría la potestad para acordar la liquidación ordenada y cierre de la actividad de los operadores y entes públicos autonómicos de televisión que fueran inviables o incumplieran los citados planes.
Eliminar la 'titularidad pública'
Además, en su paquete de enmiendas propone eliminar la expresión 'de titularidad pública' cuando se mencionan a los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito autonómico, pues dice que es "obvio" que con la liberalización que conlleva el proyecto de ley, muchos de esos operadores serán privados.
En lo que se refiere a aquellas comunidades que opten por la prestación del servicio público de comunicación audiovisual de manera directa, resalta que no es justificado que se les exima de su obligación de impulsar la producción propia, como establece el proyecto del Ejecutivo.
Así, considera necesario mantener la obligación legal de que la actividad del servicio público de comunicación audiovisual se someta a las obligaciones establecidas en los preceptivos contratos marco y, en todo caso, se preste bajo el principio de transparencia.
Precisamente, el Pleno del Congreso de los Diputados debatirá este jueves las enmiendas de totalidad que han presentado el PSOE, UPyD, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC y el BNG, y en las que piden devolver al Gobierno el proyecto de Ley de modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010, que abre la puerta a la privatización de las televisiones autonómicas.
En concreto, en España existen 13 operadores públicos de titularidad autonómica que emiten en un total de 26 canales, siendo solamente cuatro comunidades (Navarra, Castilla y León, Cantabria y La Rioja) las que no cuentan con operador público en su ámbito territorial.
