Tras haber iniciado a principios de año las conversaciones para renovar los organismos institucionales, que acabaron en punto muerto por el decreto del Gobierno que permitía elegir a dedo al presidente de RTVE, el PP y el PSOE se muestran ahora seguros de que, esta vez sí, los nombramientos pendientes en el Tribunal Constitucional (TC) tardarán poco en producirse. La nota del martes de los magistrados del alto tribunal --en la que amenazaron con tomar "medidas drásticas" si no se procedía a su renovación--, les fuerza a mover ficha, según reconocen populares y socialistas.

En primer lugar, porque hay urgencia. En segundo, porque los nombres ya no suponen tanto problema. Por ejemplo, el de Enrique López, juez de la Audiencia Nacional. La insistencia de los populares en proponerle para el Tribunal Constitucional motivó el bloqueo de la pasada legislatura, pues los socialistas no estaban dispuestos a aceptar a un magistrado muy ligado a Federico Trillo, exministro de Defensa. El PSOE, a su vez, tenía intención de plantear a Cándido Conde Pumpido, exfiscal general del Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que también era vetado por los conservadores. Ahora ambos pretenden ser más laxos con los candidatos ajenos.

Del todo a una parte

De hecho, el PSOE señalaba que los nombramientos de todos los organismos institucionales --junto a los del TC están pendientes desde el 2010 los de cuatro consejeros del Tribunal de Cuentas y el del Defensor del Pueblo-- formaba parte de un todo. Ahora, tras el toque de atención del pleno del alto tribunal, aseguran que este tiene prioridad.

El presidente Mariano Rajoy dijo ayer que "en breve" llegará a un acuerdo con Rubalcaba, con quien se reúne mañana. Aun así, ni siquiera está claro cuántos magistrados corresponden a cada uno. En principio, serían dos para el PP y dos para el PSOE, pero no se descarta que los populares fuercen que los socialistas cedan uno a CiU. La anterior renovación, en el Senado, tardó tres años. Esta ya va para año y medio.

La modificación también tendrá consecuencias en el tribunal. Lo más probable es que el actual presidente, Pascual Sala, ceda su cargo a uno de los jueces del bloque conservador.

El alto tribunal debe resolver demasiados recursos del PP, como el matrimonio gay o la ley del aborto.