El pasado 19 de marzo, CiU pactó en Cataluña con el PP catalán la renovación de los medios públicos, arrinconó a los socialistas catalanes y cedió a los conservadores la vicepresidencia de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). Lo que ocurrió en el Congreso de los Diputados en Madrid ayer, cuando los nacionalistas catalanes votaron a favor del real decreto que permite nombrar sin consenso al nuevo presidente de RTVE, pareció una segunda entrega de ese acuerdo fraguado en marzo en Cataluña. Con la diferencia de que en el Parlament la federación necesitaba a los populares para sacar adelante los nombramientos, mientras que en la Cámara baja el PP se basta para aprobar un nuevo sistema en el que el máximo responsable del ente ya no habrá de ser elegido por mayoría de dos tercios, como hasta ahora, sino por mayoría absoluta.

Pero al Gobierno le viene muy bien ir aquí de la mano de CiU. Su tesis, esgrimida en el hemiciclo por el ministro de Industria, José Manuel Soria, es que la única manera de acabar con la "parálisis" en el ente pasaba por este cambio legal. El argumento de la diputada nacionalista Montserrat Surroca para justificar su apoyo fue el mismo. Aunque criticó que el Ejecutivo de Mariano Rajoy recurriera a la vía del decreto ley --una figura que no permite plantear enmiendas a los grupos parlamentarios--, dijo que la federación, "por responsabilidad", secundaría la medida, ante el "inadmisible bloqueo que vive RTVE".

El pasado mes de marzo, los conservadores propusieron a los socialistas un nombre para la presidencia de RTVE, pero estos, al ver que el elegido tenía fuertes lazos con el PP gallego, no lo apoyaron. Desde entonces, los populares acusan al PSOE de "bloqueo", y ese fue el argumento con el que revistieron el cambio normativo.

Hay muchísimas quinielas sobre quién puede ser el designado, pero los nombres que más suenan son Francisco Campos, director de informativos de la Televisión Gallega durante la crisis del Prestige , y Manuel Campo Vidal, conductor del debate electoral entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba.

En cualquier caso, el resto de la oposición salió en tromba contra el decreto. Las palabras más repetidas fueron "uso partidista" y "manipulación informativa". "El PP ha puesto la radio y la televisión a su servicio, como hizo CiU en Cataluña", concluyó Meritxell Batet, del PSC.