1.500 millones de euros es el ahorro que ha estimado el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que puede conseguir con el tercer tijeretazo aprobado por el Govern en año y medio. No obstante, tanto él como el conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, no han desglosado el impacto de los recortes por partidas, a pesar de que el plan tiene que ser bendecido el jueves por el Gobierno español, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Los ajustes incluirán la reduccción de plantillas de empresas públicas, la congelación de las subvenciones que otorga el Ejecutivo, la venta de patrimonio público, la privatización de algunos organismos de la Generalitat y la creación de una tasa sobre la primera matrícula de FP de grado superior.
Mas ha citado como ejemplo el caso de la firma GISA, que ya ha llevado a cabo un expediente de regulación de empleo. "Habrá menos recursos para empresas públicas y menos personas", ha manifestado en una rueda de prensa de dos horas de duración. "No habrá despidos masivos, pero sí algunos ajustes en las plantillas de algunas empresas", ha matizado. Mas, que ha querido "dar la cara" para explicar, según ha dicho, unas medidas tomadas por "obligación" en circunstancias extremas y por "errores de los demás", ha garantizado a los catalanes que este plan, aunque provocará "incomodidades", no traspasa las "líneas rojas" de los derechos básicos y los servicios esenciales.
Además, el presidente ha explicado que Cataluña aplicará los ajustes acordados por el Gobierno central en materia de sanidad y educación, como la subida de las matrículas universitarias, a pesar de que el Ejecutivo catalán había amagado con recurrir estos recortes al Tribunal Constitucional. Sí se ha rebelado contra la decisión del Estado de dejar de atender a los inmigrantes simpapeles. Ha garantizado la asistencia para los extranjeros en situación irregular que requieran una atención sanitaria "grave", aunque ha anunciado que la Generalitat reformará la ley para evitar casos de turismo sanitario.
"La austeridad no es castigo, sino un valor"
Estos recortes se suman a los dos anteriores hachazos del Ejecutivo catalán, que se centraron en reducir los servicios públicos y en crear nuevas tasas. Mas ha dedicado la mayor parte de su intervención a justificar que este tercer ajuste es responsabilidad de terceros, como el tripartito, por la herencia que dejó a CiU, y, sobre todo, el Gobierno central, tanto del PSOE como del PP, por sus incumplimientos con Cataluña. Al final de su declaración, Mas ha subrayado que la Generalitat aprueba "estos ajustes en condiciones durísimas por los incumplimientos del Gobierno español y las exigencias de la Unión Europea".
El president ha llamado a los partidos catalanes a "cerrar filas" porque "nadie ayudará" a Cataluña, al tiempo que ha sostenido que la mitad del plan de ajuste no sería necesario si el Gobierno central pagase los 759 millones que adeuda del año pasado y ha acabado aludiendo al pacto fiscal, para anunciar una cumbre de partidos sobre la financiación a final de mes.
En su comparecencia junto con el conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, Artur Mas ha subrayado que "la austeridad no es un castigo, es un valor". El presidente ha iniciado su intervención destacando que Cataluña se encuentra "en una situación temida pero real de recesión económica", y ha añadido que el Govern está rebajando el déficit público "en un momento de centrifugación del déficit y con los mercados cerrados". En este sentido, ha lanzado un guiño a los funcionarios: "Estamos reduciendo el déficit gracias al sacrificio de los trabajadores públicos".
