El fiscal anticorrupción Pedro Horrach no solicitará todavía el ingreso en prisión del expresidente del Gobierno balear Jaume Matas, condenado a seis años de prisión en la primera sentencia del caso Palma Arena. Prefiere posponer esta medida hasta que el Tribunal Supremo dicte sentencia firme, según consta en un informe remitido ayer a la Audiencia Provincial de Palma.

La fiscalía reconoce que los hechos por los que han sido condenados Matas y el periodista Salvador Alemany son graves, pero rechaza que el fallo vaya a empujarles a huir porque a lo largo de todo el proceso "no han manifestado voluntad de rebeldía" y ambos gozan de "un determinado arraigo".

Asimismo, el expresidente y el comunicador han cumplido con las medidas que les impuso el juez en el 2010 para seguir en libertad. Matas depositó una fianza de 2,5 millones de euros y su pasaporte, y se presenta cada 15 días en comisaría. Por su parte, Alemany tiene prohibido salir del territorio nacional.

A pesar de admitir que el riesgo de fuga "nunca es descartable", el fiscal sostiene que estas disposiciones son suficientes para neutralizarlo. Y argumenta que el riesgo "no justifica, en todo caso, que deba imponerse la prisión, dado su carácter excepcional y restrictivo". Además, la fiscalía recuerda que Matas y Alemany van a recurrir la condena al Supremo y prefiere esperar a que dicte sentencia firme para ordenar el encarcelamiento.

Esta posición de la fiscalía contrasta con la práctica habitual de los tribunales. Los condenados no entran en la cárcel si han cumplido en prisión preventiva la mitad de la pena. En caso contrario, ingresan en la cárcel hasta cumplir ese periodo, aunque normalmente el Supremo resuelve antes el recurso.

UNA TRAGEDIA El fallo contra Matas, que ha tenido como ponente a la jueza Margarita Beltrán, ha cosechado elogios de juristas de toda tendencia, dada la solvencia de sus fundamentos. "Esto no lo tumba el Supremo", fue la frase más repetida ayer en los juzgados. Para Matas, es una tragedia. Si la sentencia deviene firme y es condenado en otras causas, podría llegar a cumplir más de 15 años de cárcel.

Otra de las reflexiones de los juristas atañe a Iñaki Urdangarín, que admitió haber mantenido contactos con políticos para lograr contratos, pero apuntó a su socio como culpable de las ilegalidades. Esta sentencia ha pulverizado la estrategia de descargar responsabilidades en subalternos, informa Marisa Goñi.