A diferencia de los maestros y los trabajadores de la industria, entre los derechos laborales de los políticos no se encuentra el de huelga. Su régimen es distinto. Los concejales, diputados, senadores y parlamentarios autonómicos no tienen una relación contractual con la institución a la que pertenecen. No son trabajadores por cuenta ajena y, en rigor, no pueden sumarse al paro general. ¿Qué hacer, entonces, cuando hay una convocatoria sindical como la del próximo 29 de marzo que todos los partidos de izquierda consideran que está más que justificada? Equilibrios de diverso tipo, hasta el punto de que esas mismas fuerzas están divididas entre las que irán a trabajar y las que se sumarán a la huelga.

En Madrid, los grupos de IU, ICV, ERC y BNG repetirán lo que hicieron en septiembre del 2010, durante el último paro general, solo que en esta ocasión se les sumarán los cargos de Amaiur. Todos ellos tienen pensado ausentarse de sus puestos, participar en las movilizaciones y donar el importe de ese día a alguna oenegé. La opción de los socialistas, que antes del anuncio de las centrales sindicales consideraban que un paro a finales de mes era precipitado, resulta más complejo. El suyo es todavía un ejercicio de mayor funambulismo: trabajarán, acudirán a los actos de protesta y estudian destinar la parte correspondiente de su sueldo a fines sociales. Todo a la vez.

MALENTENDIDOS "Somos un partido de gobierno. Entendemos que, en nuestro caso, la mejor manera de luchar contra la reforma laboral es desde las instituciones", señalan en la dirección del PSOE. En una prueba de lo anómalo de la situación, esta tesis no ha estado exenta de malentendidos a lo largo de las últimas jornadas.

El pasado lunes, la ejecutiva federal del PSOE concluyó que sus cargos no irían a la huelga. Todos los miembros del organismo estuvieron de acuerdo pero, dos días después, el portavoz en el Senado, Marcelino Iglesias, que había participado en la reunión de Ferraz (calle en la que se ubica la sede central de los socialistas en Madrid), señaló que la intención de su grupo parlamentario era sumarse a la convocatoria de huelga general. En pocos minutos, fue llamado al orden y tuvo que rectificar.

La dirección del PSC decidió ese mismo día ir a trabajar el 29-M, aunque recomendó "por prudencia" que los plenos locales o parlamentarios organizados para ese día se cambiasen a otra jornada en aras de evitar conflictos con los manifestantes.

ENMIENDAS Y RECORTES Pero más allá de los equívocos, el calendario parlamentario quizá provoque curiosas coincidencias el 29 de marzo. Todavía está por concretar, pero hay diputados que han hecho cuentas y dicen que es posible que ese día se discutan en el Congreso las enmiendas a la reforma laboral. Sería extraño que quienes están en contra del nuevo marco para los trabajadores desaprovechasen la oportunidad de expresar su rechazo en el hemiciclo, pero ni siquiera aquí hay unidad de criterio entre los partidos.

ERC dice que incluso en ese caso no pisará la Cámara baja, mientras que IU-ICV y BNG consideran que, si se diera, participarían en el pleno, pero solo cuando se discutiese este punto del orden del día. Y después, tras desempeñar esa suerte de servicios mínimos, se sumarían al paro. En el Parlamento catalán puede ocurrir algo similar si se convoca el 29-M el pleno extraordinario sobre los recortes que aplicará la Generalitat.