El juez instructor de Palma José Castro ha desvinculado a dos miembros del personal de confianza de la Casa Real del caso en el que está envuelto Iñaki Urdangarín, investigado por un presunto desvío de dinero público a través del Instituto Nóos y su entramado societario. En su último auto, el magistrado sitúa al duque de Palma al mismo nivel de responsabilidad que su socio, Diego Torres, en la toma de decisiones, y exime de toda sospecha de comportamiento ilícito al asesor jurídico externo del Rey, José Manuel Romero, y al secretario personal de las infantas, Carlos García Revenga.
"Son irrelevantes para la causa", apunta Castro sobre las actuaciones de Romero, quien relevó a Urdangarín al frente de su segunda fundación, Areté, y estuvo a su lado en la constitución de la tercera, la Fundación Deporte Cultura e Integración Social, que más tarde adquirió De Goes Center, implicada en la presunta evasión de capitales.
El juez, pues, rechaza llamar a declarar a Romero en calidad de testigo, como solicitó el sindicato Manos Limpias. En su auto, Castro aprovecha para reprender a las partes personadas en la causa, al advertirles de que "el objeto de toda instrucción es la investigación de hechos de trascendencia penal, no de aquellos que, sin tenerla, sirvan exclusivamente a intereses mediáticos, al favorecimiento hacia actitudes políticas o simplemente para satisfacer la curiosidad".
EVITAR LA "ESTIGMATIZACION" El magistrado también descarta citar a García Revenga, quien fue tesorero del Instituto Nóos. En este caso, reproduce el mismo argumento que le llevó a rechazar la petición de Manos Limpias para que la infanta Cristina fuera llamada a declarar, aunque, en su caso, como imputada. Así, el juez desestima la declaración del secretario por no detectar indicios delictivos y para evitar su "estigmatización".
