Las desorbitadas cifras de ajuste que está barajando el Gobierno para este año (44.000 millones de euros en total en el peor de los escenarios) y las gravísimas repercusiones presupuestarias que eso puede tener para otras Administraciones del Estado ha hecho que, pese a las peticiones de prudencia que llegan desde el Ejecutivo central, buena parte de los barones territoriales y alcaldes importantes piensen en pedir a Mariano Rajoy la misma flexibilidad que, estos días, él reclama a Bruselas respecto a los objetivos de déficit ya previstos, además de medidas extraordinarias para incrementar por la vía de urgencia los ingresos. "Si Mariano Rajoy no quiere verse obligado a subir más impuestos, no va a tener más remedio que empezar a privatizar ya", subrayaba un importante dirigente autonómico que pertenece al Partido Popular.

De hecho, son varias las comunidades en las que se comparte la tesis de que si el Gobierno apremia a las autonomías a cerrar o vender empresas o entes públicos, se tiene "que aplicar el cuento y dar ejemplo", alegando que es la Administración central la que tiene elementos atractivos que poner en el mercado u ofrecer a la gestión privada. "Ahí están loterías, aeropuertos, paradores... es cuestión de pensar, como han hecho otros países", apuntan fuentes consultadas por este diario.

De igual modo, estas fuentes valoran el anuncio que hizo el martes la vicepresidenta primera, Soraya Sáenz de Santamaría, sobre la racionalización del uso del patrimonio inmobiliario del Estado para ahorrar en alquileres, aunque creen que toca ir más allá. "Todos tenemos en la cabeza en estos días las privatizaciones de José María Aznar. Hay que conseguir dinero", añaden.

AJUSTAR PRESUPUESTOS En cualquier caso, si el Gobierno de Rajoy se decidiera a privatizar (y es un asunto que el Consejo de Ministros tiene sobre la mesa, además de la "optimización" de modelos de gestión público-privada), lograría una inyección de liquidez que podría aliviar a las Administraciones a corto plazo, aunque no tendría repercusión en el déficit, el segundo problema de España, después de sus inasumibles cifras de paro. Por eso se confía, sobre todas las cosas, en que la Unión Europea acabe dando más tiempo al Ejecutivo español (y, por ende, a las comunidades) para alcanzar las cifras de déficit previstas: un 4,4% en el 2012 y el ansiado 3% en el 2013.

Pero mientras continúan las negociaciones con Bruselas, algunos presidentes autonómicos empiezan a pensar en cómo hacer frente a la situación que se les viene encima (van a tener que adaptar presupuestos ya aprobados en sus parlamentos a las cifras que les imponga el Gobierno en las próximas semanas), aunque, eso sí, preferirían que fuera el propio Rajoy y su Gobierno los que marcaran unas pautas comunes de actuación para todas las comunidades, a fin de evitar "acabar siendo más papistas que el Papa". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, tiró ayer la primera piedra: dijo que sigue dispuesta a cerrar o privatizar más empresas públicas en la región --como la polémica decisión de vender el Canal de Isabel II--, aunque admitió que piensa seriamente en aumentar tasas y precios públicos y buscar fórmulas para que los madrileños que usan las carreteras sean los que ayuden a financiar su mantenimiento.

"REPENSAR" EL MODELO Además, la presidenta, sin paños calientes, alertó de que no está de acuerdo con que la justicia sea gratuita --"eso hace que se colapsen los juzgados", sostuvo-- y hace meses aprovechó una reunión interna de su partido para apostar por que los másteres universitarios sean pagados por los alumnos y por que los fármacos no sean gratuitos para todos los pensionistas. "La crisis ha hecho que nuestros ingresos bajen y no podemos bajar los gastos al mismo ritmo, aunque los hemos bajado mucho .... Nosotros, que somos los que figuramos como los que estamos mejor, estamos muy mal", añadió ayer Aguirre en una entrevista en Onda Cero.

La dirigente madrileña tendrá oportunidad de compartir sus ideas con otros presidentes en la cumbre que Rajoy quiere organizar antes del verano, aunque ya hay otros barones, como el de Cantabria, que han ido aún más lejos: ayer abogó por "repensar" el Estado de las autonomías, subrayando que "se han dado muchas transferencias" a las comunidades que, con la coyuntura actual, resultan insostenibles. Cabe recordar que regiones como Madrid y Murcia amagaron con devolver competencias. Mientras, otros barones siguen en su lucha para cambiar el modelo de financiación.