El juez Manuel Marchena cerró ayer la posibilidad de sentar por tercera vez en el banquillo a Baltasar Garzón por los patrocinios que obtuvo de varias empresas españolas para subvencionar los cursos que impartió en la Universidad de Nueva York entre el 2005 y el 2006. Sin embargo, lo hizo a regañadientes, ya que acordó el archivo por prescripción, y no por falta de delito, alegando que el abogado José Luis Mazón se querelló contra el exjuez de la Audiencia Nacional 25 días después de que venciera el plazo de tres años de caducidad del delito de cohecho impropio.

Marchena tomó esta decisión al aceptar los argumentos esgrimidos por el fiscal y por el defensor del extogado, Enrique Molina, que habían negado que la actuación de Garzón fuera delictiva aunque plantearon que, en caso de que hubiera delito, los hechos habrían prescrito.

El juez del Supremo necesitó casi dos años para descubrir que el cohecho impropio, el mismo delito por el que fue absuelto el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, prescribe a los tres años de su comisión y que el último patrocinio que obtuvo la universidad estadounidense tuvo lugar en mayo del 2006 y la querella se presentó el 12 de junio del 2009.

REPUTACION No obstante, Marchena no pudo evitar, en su escueta resolución de nueve folios, dejar en entredicho la reputación de su excolega al acusarle de haberse aprovechado de su condición de juez para contactar "con responsables de distintas empresas españolas" para que patrocinaran dos cursos en los que él aparecía como director. En su opinión, acudió al Banco Santander, el BBVA, Telefónica y Cepsa porque "sus directivos habían sido investigados" en el juzgado de Garzón o en los otros despachos de la Audiencia Nacional. Otra de las sociedades que subvencionó estas conferencias fue Endesa.

El juez del TS no dudó en acusar a su excolega de haber reclamado a esas firmas 2.595.375 dólares (unos 1.960.800 euros), aunque solo obtuvo 1.237.000, que fueron a parar a la universidad. El extogado de la Audiencia Nacional negó haber recibido pago alguno, versión que fue ratificada por los directivos de las empresas. Sin embargo, Marchena, sin ningún argumento, aseguró que es lógico que su excolega mienta porque es su derecho constitucional. También afirmó que los banqueros y empresarios no dijeron toda la verdad cuando declararon ante él como testigos, porque si hubieran reconocido que patrocinaron las conferencias "en atención al cargo de quien se lo solicitaba" (Garzón), habrían "acarreado unas consecuencias jurídicas inmediatas".

EXPULSION APLAZADA Por otra parte, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no tiene previsto acordar hoy la expulsión de la carrera judicial de Garzón después de que este fuera condenado por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación por haber autorizado la grabación de las conversaciones que los cabecillas del caso Gürtel mantenían en la cárcel con sus letrados, según fuentes de dicho organismo.

Estas mismas fuentes apuntaron que lo más probable es que esperen a que el extogado recurra su condena ante el propio tribunal antes de acudir en amparo al Constitucional. Y también adelantaron que es posible que la medida no se acuerde hasta que el TC decida si acepta o no suspender la condena antes de resolver el recurso.