El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado esta mañana en el Congreso de los Diputados que su departamento elaborará un reglamento que "regule las formas de gestión" de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), tal como ha adelantado EL PERIÓDICO en su edición de hoy. Sobre el contenido de la nueva norma, el ministro precisó que la policía pasará a ocuparse solo de la gestión "de la seguridad, de aquello que le es propio", mientras que el resto de las tareas serñan asumidas por "personal especializado". También avanzó que el texto legal "irá en la línea" de las recomendaciones dictadas por la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, "a raiz de su visita" al CIE de la Zona Franca.

El ministerio abordará también "cambios de cierto calado" en las instalaciones de Málaga y Algeciras, objeto de reiteradas denuncias por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Con estas medidas, Fernández Díaz pretende responder a la "gran preocupación social" que han despertado las revelaciones sobre el funcionamiento de los centros tras la muerte acaecida en el de la Zona Franca. Para relativizar ese grado de precupación, pero sin quitarle importancia, el ministro apuntó dos datos: que el índice de ocupación media de los 12 CIE el año pasado fue del 67,39%, y la estancia media de los inmigrantes, 18,21 días, "muy inferior" a los 60 que constituyen el tope legal.

Fernández Díaz ha recordado asimismo que "infringir normas de carácter administrativo" sobre su situación en España "no convierte a los inmigrantes en delincuentes". Diversas entidades habían pedido el cierre de este tipo de centros.

EL PERIÓDICO ha impulsado en las últimas semanas una campaña por el fin del limbo legal de los CIE, apoyada por entidades como SOS Racisme, CCOO, Fedelatina y Jueces para la Democracia, y que ha reunido cerca de 7.500 firmas de ciudadanos.