El juez Baltasar Garzón ha defendido ante el Tribunal Supremo su decisión de investigar los crímenes del franquismo para reparar los derechos de las víctimas y ha asegurado que en su investigación ha actuado con la reglas de la buena fe. También ha negado que haya actuado por cuestiones ideológicas y ha explicado que, ante la gravedad de los delitos denunciados por miles de víctimas de la dictadura franquista, actuó igual que hizo en otros casos como los crímenes cometidos durante la dictadura chilena o argentina.
La declaración de Garzón a preguntas de su defensor, Gonzalo Martínez Fresneda, ha reconstruido toda su actuación en este caso desde que recibió la primera denuncia de estos hechos, en diciembre del. 2006. Después se fueron acumulando más denuncias y, dos años después, Garzón abrió la investigación para determinar si durante la dictadura de Franco hubo un plan sistemático de eliminación de personas (que ha cifrado en más de 100.000) por motivos ideológicos.
Asimismo, ha explicado que la investigación judicial no era incompatible con la ley de memoria histórica que había sido aprobada por el Gobierno. “Cada ámbito tiene su competencia”, ha afirmado. Y ha recordado que su decisión de abrir una causa al franquismo fue recurrida por el fiscal, pero tres jueces de la sala penal de la Audiencia Nacional la apoyaron cuando ordenaron a Garzón que remitiera el proceso a los jueces territoriales por falta de competencia.
El fiscal Luis Navajas también le ha preguntado sobre varios aspectos de esta investigación para intentar demostrar que Garzón no dictó ninguna resolución a sabiendas de que era injusta. Tras este interrogatorio, el presidente del tribunal, Carlos Granados, ha levantado la sesión, que continuará mañana con el interrogatorio de los tres primeros testigos.
Rechazadas preguntas
Previamente, la sala ha informado que ha rechazado por mayoría las tres cuestiones previas planteadas por el letrado de Garzón, Gonzalo Martínez Fresneda, y a las que se sumó el fiscal. Los jueces han admitido que el instructor de este caso en el alto tribunal, Luciano Varela, cometió excesos, pero han rechazado que fueran suficientes para declarar nula su instrucción.
El tribunal también sostiene que el escrito de acusación de Manos Limpias es suficiente para mantener la acusación de un delito de prevaricación contra Garzón por haber investigado los crímenes del franquismo. Asimismo, los magistrados del alto tribunal han recuperado la llamada doctrina Atutxa, que permite condenar a un imputado si solo es acusado por la acción popular y no por el fiscal, como ocurre en este caso. Esta doctrina está pendiente de ser estudiada por el Tribunal Constitucional, que debe confirmarla o anularla.
Expertos en derecho internacional
Asimismo, los jueces se han negado a que declaren como testigos expertos en derecho internacional, como había pedido Garzón para demostrar que su decisión de investigar los crímenes del franquismo respondía a acuerdos internacionales suscritos por España que le obligan a investigar delitos contra la humanidad.
El solemne salón de plenos del Tribunal Supremo está ocupado por más de un centenar de víctimas del franquismo, que han guardado un respetuoso silencio cuando Garzón, despojado de su toga, ha ocupado el banquillo de los acusados. En el exterior, un nutrido grupo de víctimas se ha concentrado para corear gritos de apoyo a favor del togado de la Audiencia Nacional.
