Baltasar Garzón tendrá que despojarse de nuevo este martes de su toga de magistrado y sentarse en el banquillo de los acusados para declarar en el juicio que se reanuda en el Tribunal Supremo contra él por un presunto delito de prevaricación, que habría cometido al abrir una causa contra el franquismo en la Audiencia Nacional.
La vista proseguirá según el calendario fijado para las pruebas testificales y periciales a no ser que la Sala haga suyos los argumentos esgrimidos la pasada semana por la defensa del juez suspendido de la Audiencia Nacional. Esta parte solicitó la anulación de todo el procedimiento por ser aplicable a este caso la denominada "doctrina Botín", que establece que la acusación popular no es suficiente para sostener una causa si la Fiscalía no presenta acusación alguna.
La aplicación de esta doctrina -llamada así por haber sido instaurada en el denominado "caso de las cesiones de crédito", en el que estaba imputado el presidente del Banco Santander- se justificaría, según el abogado de Garzón, en el hecho de que en este caso el juez suspendido se sienta en el banquillo con la única acusación de Manos Limpias y la organización Libertad e Identidad, sin que hayan presentado cargos contra él ni el Ministerio Público ni ninguna parte directamente perjudicada por sus actuaciones.
Paralelamente, el abogado de Garzón en esta causa, que es Gonzalo Martínez Fresneda, planteó la nulidad de todas las actuaciones desarrolladas por el instructor del caso, el magistrado Luciano Varela, desde el 20 abril de 2010, que fue la fecha en la que se dio la oportunidad a las acusaciones, que en principio eran Manos Limpias y Falange -posteriormente expulsada del procedimiento-, de subsanar determinados defectos que presentaban sus escritos de acusación.
Es posible que la Sala, presidida por el magistrado Carlos Granados, comunique oralmente al inicio de la vista su resolución respecto de estas peticiones que, de ser acogidas, llevarían a la anulación del juicio.
Si se rechazan, la vista proseguirá con las sesiones previstas hasta el próximo 13 de febrero, que es la fecha para la que se ha fijado la exposición de los informes finales por todas las partes. Por el momento, para los días 1 y 2 de febrero están citadas seis de las personas pertenecientes a asociaciones para la Memoria Histórica que firmaron las denuncias que dieron lugar a la investigación de Garzón sobre el franquismo.
La Fiscalía no presenta acusación y solicita la libre absolución de Garzón -mantiene la misma postura en los tres procedimientos abiertos al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5-, si bien el sindicato Manos Limpias, que concurre como acusación popular junto a la asociación Libertad e Identidad, pide que Garzón sea multado e inhabilitado por 20 años.
En su escrito de acusación, Manos Limpias sostiene que en todas sus actuaciones, Garzón "era perfectamente consciente de su incompetencia; de la retroactividad sancionadora que adoptaba; de la prescripción de los delitos que perseguía; del fallecimiento de víctimas y autores; de la creación de una causa general en contra de los principios de legalidad, culpabilidad y personalidad; de la inaplicación del derecho consuetudinario internacional, y de la infracción en suma de los más elementales criterios de legalidad".
Por ello, piden al Supremo que imponga a Garzón la pena de 24 meses de multa, a razón de 30 euros al día, así como 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, y con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o funciones jurisdiccionales fuera del mismo, así como al pago de las costas procesales producidas incluidas las de la acusación Popular.
El ponente de la sentencia que se dicte por este caso será el magistrado Andrés Martínez Arrieta. Completan la Sala enjuiciadora los magistrados de la Sala Segunda Carlos Granados (que presidirá la vista), Perfecto Andrés Ibáñez, Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano Soriano, José Manuel Maza Martín y Miguel Colmenero Menéndez de Luarca y Andrés Martínez Arrieta, que será el ponente de la sentencia.
