La Audiencia Nacional ha impuesto hoy una fianza de un millón de euros al principal cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, para que salga de la cárcel en la que ingresó en febrero del 2009. Los jueces también le obligan a presentarse a diario en la comisaría más cercana a su domicilio y le retiran el pasaporte. Esta es la primera decisión que adopta la Audiencia sobre este caso después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le remitiera este instrucción por haber dejado de ser competente al no existir aforados en la misma.

Los jueces explican que el próximo 15 de febrero del 2013 tendrían que dejar en libertad a Correa porque este día se cumple el plazo máximo de cuatro años de prisión provisional, es decir, sin que haya sido juzgado. Los magistrados afirman que es poco probable que antes de esta fecha se haya celebrado el juicio contra los imputados en esta red de corrupción vinculada al PP. Por ello, consideran que no es necesario cumplir este plazo para acordar su puesta en libertad bajo fianza, ya que en el 2013 saldría de prisión sin ningún tipo de medida sino por imperativo legal.

Durante la vista, el letrado de Correa, José Antonio - antiguo magistrado de la Audiencia Nacional- pidió su puesta en libertad después de explicar a sus exompañeros que el instructor de este caso en el Tribunal de Madrid, Antonio Pedreira, había acordado liberarle bajo pago de una fianza de 15 millones de euros y si la policía le facilitaba medios electrónicos para controlarle y evitar su fuga. Sin embargo, las fuerzas de seguridad le informaron de que no existía ningún mecanismo que garantizase esta exigencia. Además, el letrado alegó que Correa es padre de familia y que, por tanto, "no resulta pensable que decida dejarlo todo para no afrontar el juicio".

El caso Gürtel se precipitó ante la sospecha de que Correa tenía previsto huir en el 2009 y adquirir otra nacionalidad para evitar ser investigado por las comisiones que presuntamente percibió de la Comunidad de Madrid y de Valencia. Así lo confirmó el jefe de la unidad contra el blanqueo en el juicio que se ha celebrado en el Tribunal Supremo contra Baltasar Garzón por haber autorizado escuchas en esta trama.