La intervención de Alberto Ruiz-Gallardón no fue ajena a los casos de corrupción que salpican, entre otros, a exdirigentes del PP, si bien el ministro de Justicia no se refirió a ellos explícitamente. En el turno de réplica, tras la petición de Rosa Díez --líder de UPD-- de que los acusados por corrupción no puedan presentarse a las elecciones, el ministro rechazó esta medida, salvo en el caso de que haya una sentencia firme condenatoria. Hay que "fortalecer la presunción de inocencia", argumentó. Asimismo, criticó que un simple procesamiento o una acusación por parte del fiscal "se convierten mediáticamente en una condena". Según él, se hace necesario "cambiar de mentalidad".
Ruiz-Gallardón precisó, además, que en la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal se ordenará "el control de las conversaciones telefónicas, el derecho de todo condenado a la revisión del fallo por un tribunal superior y el papel de la policía judicial". El PP se ha mostrado crítico con la labor de este cuerpo de seguridad en algunas investigaciones. Dicha ley establecerá también un tope en los plazos de los secretos sumariales de los procesos judiciales, con el fin de reducir las filtraciones a la prensa que se producen de determinadas instrucciones.
"El desprestigio que como consecuencia de la filtración tiene en estos momentos nuestro sistema judicial es enorme, y tenemos necesidad directamente de cortarlo", subrayó el ministro.
