"Mientras Fraga ha sido enterrado como un héroe, pese a tener las manos manchadas de sangre, nosotros todavía seguimos esperando a poder sacar a los nuestros de las cunetas. ¡Vaya democracia bananera!", clamaba ayer Antonio Virtud, un "niño de la guerra", a las puertas del Tribunal Supremo.
Su denuncia ilustra la tristeza e indignación que mostraban decenas de familiares de víctimas del franquismo, que se concentraron ante la sede del alto tribunal para mostrar su respaldo a Baltasar Garzón, el único juez que "se ha atrevido" a investigar la dictadura, y se enfrenta por ello a una pena de 20 años de inhabilitación.
Para las asociaciones de defensa de la memoria histórica, el proceso contra Garzón demuestra lo que llevan años denunciando: que en España hay un "pacto político y judicial de silencio, olvido y ocultación" que pretende "tapar la represión franquista".
Este pacto, según las asociaciones, ha conducido al magistrado hasta el banquillo, mientras "los herederos del franquismo", añaden, en referencia al pseudosindicato ultraconservador Manos Limpias y a la asociación Libertad e Identidad, ejercen la acusación en solitario.
Reacción internacional
Conscientes de la repercusión internacional que ha despertado la vista, con tres observadores de oenegés de defensa de los derechos humanos desplazados a Madrid, los colectivos de damnificados aprovecharon para reclamar de nuevo la nulidad de las leyes de amnistía y de memoria histórica. Pretenden no solo que Garzón sea absuelto, sino también que ningún juez pueda acogerse a dichas normas para rechazar la reapertura de la investigación de los crímenes franquistas.
Sin embargo, son conscientes de la dificultad de su reivindicación. "Qué juez se va a atrever a hacer ahora nada", se preguntaba a las puertas del Supremo el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. El jurista, junto con los dirigentes de IU Cayo Lara y Gaspar Llamazares, y la actriz Pilar Bardem, fueron los únicos rostros conocidos en una concentración protagonizada mayoritariamente por ancianos con banderas republicanas y fotografías de sus familiares, casi todos fusilados y desaparecidos desde entonces.
"Garzón, amigo, el pueblo está contigo", "Depuración de los jueces franquistas" o "Hay que juzgar al franquismo criminal" fueron algunos de los lemas más coreados por los asistentes. Entre ellos, el octogenario Antonio Virtud, que llevaba una carpeta con varios documentos y la fotografía de su padre, un miliciano republicano que falleció en la guerra. Según relató Antonio Virtud, pudo saber dónde estaba enterrado "gracias a Josep Lluís Carod-Rovira, y no a Zapatero", por el empeño que puso el exvicepresidente de la Generalitat catalana en devolver a la Generalitat los llamados papeles de Salamanca .
Junto a él, Julia Merino, de 78 años, también mostraba una pancarta con la fotografía de sus dos padres. El fue fusilado y ella murió "de pena". Merino dijo que sentía "una tristeza inmensa" al ver al juez de la Audiencia Nacional "acosado por investigar algo que no quieren que se sepa".
