El desacuerdo entre el PP y el PSOE para renovar el Tribunal Constitucional (TC) fue la tónica dominante durante la pasada legislatura. Sin embargo, los conservadores tienen ahora prisa por desbloquear la situación y renovar cuanto antes a los tres magistrados cuyo mandato finalizó en noviembre del 2010, así como al juez Roberto García-Calvo, que falleció en mayo del 2008. Sin embargo, Mariano Rajoy se ha encontrado con un inconveniente: la falta de un líder con el que negociar los nombres por parte del PSOE. Fuentes del Ministerio de Justicia han manifestado a este diario que, pese a la urgencia del Gobierno, el ministro Alberto Ruiz-Gallardón esperará a que haya un nuevo secretario general del PSOE, a primeros de febrero, para negociar con él o ella el reemplazo.

No sería lógico, argumentan en el ministerio, pactar los nombres con el actual presidente del grupo parlamentario, Alfredo Pérez Rubalcaba, si resulta que luego manda Carme Chacón.

EL COMPROMISO Rajoy se comprometió a acabar con la interinidad de un tercio de los miembros del alto tribunal en su debate de investidura. El presidente del Gobierno marcó un plazo de tres meses, que concluirá a mediados de marzo. El ministro de Justicia recogió el guante y en su toma de posesión mostró su propósito de abordar de manera "inmediata" y siempre con "diálogo permanente con la oposición" el relevo. La negociación con el PSOE se hace imprescindible porque los cuatro magistrados cuyo mandato ha caducado deben de ser elegidos, a propuesta del Congreso, por mayoría de tres quintos.

Gallardón anunció además cambios en los requisitos necesarios para acceder a las sillas del TC. El programa electoral del PP propone modificar el proceso de elección para evitar "dilaciones indebidas", así como "desligar la composición" del alto tribunal de las mayorías parlamentarias.

No sólo el Ejecutivo ha mostrado tener prisa. El presidente del TC, Pascual Sala, ha apremiado a Mariano Rajoy a que proceda cuanto antes al relevo.

El bloqueo ha sido tan dilatado que el pasado verano tres magistrados con el mandato expirado (el cuarto ha fallecido) presentaran su dimisión, que no fue aceptada por el presidente del Tribunal Constitucional.