Si el PP cumple en su totalidad la ponencia que aprobará en el próximo congreso de Sevilla, algunos de sus dirigentes ya pueden echarse a temblar. El partido no solo endurecerá los controles internos para evitar nuevos casos de corrupción, sino que dejará claro a sus cargos públicos las consecuencias de cometer actos ilícitos. Si son imputados, tendrán que dimitir y se les abrirá un expediente disciplinario. Es una de las condiciones fijadas en una "carta de compromisos" que todos los cargos de representación institucional deberán firmar.

La medida se recoge en la ponencia de estatutos que están redactando los presidentes de Cantabria, Ignacio Diego, y de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, y la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho.

La ponencia del PP también exigirá "responsabilidades" a los gestores de bancos y cajas cuya gestión haya sido "negligente". Los populares apuestan también por proponer al Reino Unido que se retomen las conversaciones, paradas desde el 2002, sobre la soberanía de Gibraltar, cuya recuperación debe ser "irrenunciable" para España.