Asu sospechosa suerte en los juegos de azar (le ha tocado la lotería cinco veces) y a la mastodóntica estatua construida a su mayor gloria en el desértico aeropuerto de Castellón, Carlos Fabra sumó ayer un nuevo honor: ser el político español al que un juez impone la fianza más alta. El presidente del PP de Castellón debe pagar antes del lunes 4.270.859 euros si no quiere ver cómo le embargan sus bienes. Y nada de lo anterior le librará de responder ante la justicia por los supuestos delitos cometidos durante su etapa como presidente de la Diputación provincial: tráfico de influencias, fraude fiscal y cohecho. El magistrado ve indicios de que, haciendo valer su cargo público, medió con autoridades y funcionarios para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones de productos fitosanitarios.

Para sentar en el banquillo al líder del PP castellonense, el caso Fabra ha tenido que atravesar un tortuoso periplo que dura más de ocho años --la querella que propició la investigación fue presentada en diciembre del 2003--. Ocho son también los jueces instructores que han abandonado la causa, dada la complejidad de un expediente que consta de miles de folios. De hecho, el proceso estuvo al borde del carpetazo a finales del 2010, cuando la Au- diencia de Castellón sobreseyó el caso por entender que los presuntos delitos habían prescrito.

Pero el Tribunal Supremo revocó esa decisión el pasado 1 de diciembre, y ahora el juez de Nules (localidad donde se presentó la denuncia) Jacobo Pin abre juicio oral contra Fabra al acreditar que los hechos de los que se acusa a Fabra pueden conllevar penas de cárcel "no superiores a nueve años". La fiscalía solicita 20 años de prisión para el expresidente de la Diputación de Castellón; la petición de la acusación popular es de 15 años.

En la causa también están implicados la exmujer de Fabra, Amparo Fernández; el empresario Vicente Vilar, autor de la querella que destapó el escándalo; y la exesposa de este, Montserrat Vives. Fernández tendrá que abonar 1.718.192 euros, y Vilar y Vives, 800.000 euros cada uno. Todas las cantidades deben depositarse antes del lunes, so pena de embargo de bienes, salvo que se acredite insolvencia. Los 4,2 millones que se le piden a Fabra superan la fianza más alta decretada hasta ahora en España: el expresidente balear Jaume Matas tuvo que pagar tres millones en el 2010 por el caso Palma Arena .

PLAZO DE ALEGACIONES El caso Fabra pasará ahora a la Audiencia de Castellón, que primero decidirá sobre el recurso de nulidad presentado por el líder provincial del PP y después fijará la fecha para el juicio oral, previsto para dentro de unos meses. La acusación popular ha pedido la comparecencia de 47 testigos, entre ellos el actual presidente del Congreso, Jesús Posada, y el ministro Miguel Arias Cañete.

Ambos ocuparon la cartera de Agricultura entre el 2000 y el 2003, cuando, según el relato de las acusaciones, recibieron en el ministerio a Fabra para agilizar la concesión de las licencias de los productos fitosanitarios que este comercializaba junto con Vilar, su socio. Entre 1999 y el 2004, Fabra y su mujer defraudaron a Hacienda 1.460.000 euros, ocultando ingresos que no se correspondían con el patrimonio y la renta declarados.