El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha archivado la querella presentada por Manos Limpias contra el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, por el presunto desvío de dinero público del Instituto Nóos mientras lo presidió al reiterar que este tribunal no es el competente para investigar los hechos. Moreno sostiene en un auto que los hechos denunciados por Manos Limpias ya fueron objeto de instrucción en su mismo juzgado cuando tramitó la petición del expresidente balear Jaume Matas para que la Audiencia Nacional asumiera la competencia y que desestimó el pasado 5 de enero, decisión que ha sido recurrida en apelación ante la sala de lo penal, según han informado fuentes jurídicas.
De hecho, reproduce esta misma resolución, si bien hace referencia a otros argumentos mencionados por Manos Limpias relativos a un convenio firmado con el Ayuntamiento de Madrid y a los pagos que Nóos hizo supuestamente a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) entre 2005 y 2008 de 401.843,32 euros. Unos extremos en los que el magistrado vuelve a insistir en que "en modo alguno puede admitirse que varios órganos judiciales conozcan de unos mismos hechos", ya que en el primer caso recuerda al sindicato que ya lo denunció en los juzgados de instrucción de Madrid y, en el segundo, que la Audiencia Nacional ya investiga las actividades "presuntamente delictivas de los órganos de dirección" de la entidad.
En cuanto a las actividades del Instituto Nóos, precisa que esta pieza separada del caso Palma Arena, en la que está imputado Urdangarin, ya se investiga en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma. Como ya hiciera en el auto en el que desestimó la solicitud de la defensa de Matas, califica de "obvio" que unas "defraudaciones de las características aquí investigadas" -Anticorrupción sostiene que Urdangarín y su socio Diego Torres obtuvieron de Nóos unos ingresos de 5,8 millones de euros- no tienen "la entidad y significación suficiente (...) para conmover la seguridad del trafico mercantil". Destaca también que "la cifra presuntamente defraudada" no es "significativa, impactante o de enorme envergadura" como para afectar a la economía nacional.
También rechaza el presupuesto de que la Audiencia Nacional es la adecuada para asumir la competencia ya que los perjuicios patrimoniales afectan "a una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia (provincia)". Y, pese a que los hechos afectan a varios perjudicados en más de una audiencia -el supuesto desvío de dinero público se produjo en Baleares y Comunidad Valenciana, ya que sus gobiernos firmaron convenios con el organismo investigado-, "no constan mínimamente acreditados datos suficientes como para poder llegar a la conclusión" de que este caso afecta a una "generalidad de personas".
