Por primera en diez años, España conmemora hoy el Día Mundial del Sida sin aportar ni un euro al Fondo Mundial que canaliza la aportación global a la lucha contra esta enfermedad, lo que hace peligrar los avances que empujaban la pandemia hacia su fin, como han denunciado las ONG que trabajan en este campo.

Varias comunidades autónomas, acechadas por la crisis, han recortado además su presupuesto en la prevención del VIH y algunas han integrado los programas específicos de sida dentro de otros organismos.

Y todo ello, mientras que las administraciones de toda España han seguido colgando enormes lazos rojos en sus fachadas, especialmente iluminadas para la ocasión, con el objetivo de recordar la importancia de respetar los derechos de las personas afectadas.

Ante esta situación, todas las ONG vinculadas al VIH han puesto de manifiesto el "tremendo peligro" y el "elevadísimo" coste económico y social que generarán, en un futuro cercano, los supuestos ahorros en prevención, detección precoz y atención en las política activas frente a esta patología.

"30 años de logros, 30 años de retos" es lema de la campaña que en esta ocasión ha elegido el Ministerio de Sanidad, con motivo del diagnóstico del primer caso de sida, un periodo en el que se han vencido muchas batallas pero no se ha logrado la victoria definitiva.

Entre los retos por cumplir, como reconocen administraciones y organizaciones sociales, figura una mayor prevención a través del uso del preservativo y la detección precoz, mediante la generalización de la prueba del sida.

En España casi la mitad de los casos se detectan de forma tardía, lo que implica tratamientos más costosos y más posibilidades de contagios. Preocupante resulta también, para los colectivos implicados en la lucha contra la epidemia, el hecho de que en España una de cada cuatro personas con VIH desconoce que es portadora del virus. Se estima que en este país hay entre 120.000 y 150.000 personas infectadas, de las que entre 35.000 y 40.000 ignoran que son seropositivas.

Desde el Ministerio de Sanidad se ha hecho hincapié en el peligroso repunte de los contagios entre los hombres que tienen sexo con hombres (HSH): casi 6 puntos en sólo un año, al pasar de un 39,8% en 2009 a un 45,6% en 2010.

Según los datos reportados por las CCAA, el año pasado se notificaron 2.907 nuevos diagnósticos de VIH, de los cuales el 82% son hombres y la media de edad fue de 35 años. La transmisión entre varones fue la más frecuente (46% de los casos), seguida de la heterosexual (33%) y de la que se produce entre usuarios de drogas inyectadas (6%).

La Coordinadora Estatal de VIH-Sida (Cesida), junto con otras nueve ONG, han elaborado un manifiesto en el que sostienen que no darán "ni un paso atrás" en la defensa de los derechos fundamentales de los enfermos.

Los firmantes del documento critican que las administraciones estén tomando decisiones "unilaterales, irresponsables y basadas en criterios economicistas", y exigen que se mantengan los planes autonómicos de la prevención del VIH.

Organizaciones internacionales, como Médicos Sin Fronteras o Farma Mundi, han criticado el que España sea uno de los países que han llevado al Fondo Mundial contra el Sida a suspender la siguiente ronda de fondos debido a la falta de apoyo de los países donantes.

Mientras tanto, la epidemia afecta ya a 34 millones de personas, los antirretrovirales solo son accesibles a 6 de los 15 millones que necesitarían tratamiento y la muerte de casi 2 millones de afectados por año, en especial en África, sigue siendo un simple dato estadístico y una noticia invisible.

El secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE, Pedro Zerolo, ha acusado directamente a "diversas" autonomías gobernadas por el PP de recortar "gravemente" o suprimir los programas de prevención del VIH.

IU critica tanto al PP como al PSOE por estos recortes y pone por ejemplo las medidas tomadas en la Comunidad de Madrid, que han dejado sin fondos a las asociaciones, o las adoptadas por el Gobierno socialista, que ha congelado la ayuda al Fondo Mundial. El PP ha apostado por impulsar actuaciones sanitarias y sociales que mejoren la calidad de vida de los enfermos y eliminen la marginación social y laboral.