La policía ha abierto una nueva línea de investigación sobre los negocios de Diego Torres, el socio de Iñaki Urdangarín imputado por un juez de Palma por la presunta malversación de fondos públicos en la gestión de los 2,3 millones de euros recibidos por el Instituto Nóos, una fundación sin ánimo de lucro que estuvo presidida por el duque de Palma. Según fuentes judiciales, se está siguiendo el rastro de un estudio realizado por Torres para el Villarreal Club de Fútbol, que pagó por él 690.000 euros.

Los agentes han mostrado su perplejidad ante el precio del informe, que consta de 11 páginas. La policía no dudó en preguntar a Torres, en su última declaración, por la elaboración de ese escrito. La explicación que ofreció el imputado es que el valor del trabajo no solo radica en la elaboración del documento, sino también en el seguimiento del proyecto. Este diario no ha podido concretar a qué se refiere el estudio, pues las actuaciones judiciales son secretas. Sí contactó ayer con un alto directivo del Villarreal, que alegó que no podía ofrecer información porque se hallaba en Alemania, donde el equipo disputó un partido. Admitió que el club ha contratado informes sobre distintas cuestiones, pero no recordaba el nombre de Torres.

El socio de Urdangarín es un experto en estrategia y patrocinio y ha dirigido procesos de reflexión estratégica en numerosas empresas y organizaciones. Entre sus clientes figuran importantes empresas españolas con actividad de patrocinio, mecenazgo y responsabilidad social. Forma parte del consejo asesor de diversas compañías y ha escrito varios libros sobre la materia.

RESPUESTA DEL EJECUTIVO Entre tanto, el posible desvío de fondos públicos llegó ayer al Parlamento balear, donde el consejero de Presidencia, Antonio Gó- mez, aseguró que el Gobierno que preside el conservador José Ramón Bauzá "defenderá los intereses de la comunidad autónoma donde sea y ante quien sea".

Tras ser preguntado por el diputado del PSM Antoni Alorda sobre las intenciones del Gabinete ante el proceso que instruye el juez José Castro, Gómez recordó que el Ejecutivo balear "está personado en todas las causas abiertas para defender los intereses de la región", aunque recordó también que "existe un Estado de derecho" regido por "el imperio de la ley" y el respeto a "la presunción de inocencia".