La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ciutadella (Menorca) ha dictado libertad provisional para los ex tenientes de alcalde de Urbanismo de este municipio Avel·lí Casasnovas y Turismo Gabriel Cardona, los dos últimos de los cuatro detenidos que han pasado a disposición judicial. En esta causa se investigan presuntas irregularidades en el área municipal de Turismo en la legislatura 2003-2007 cuando gobernaba el PP. Tal y como solicitó la Fiscalía Anticorrupción, la juez Raquel Martínez ha adoptado esta madrugada para Casasnovas y Cardona las medidas cautelares de obligación de comparecencia en el Juzgado dos veces al mes y retirada de pasaportes. Ambos son los dos últimos detenidos en Ciutadella en la "operación Xoriguer", según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) en un comunicado. Para los dos primeros detenidos, el exalcalde Llorenç Brondo y el empresario Juan Manuel Mercadal, la juez había adoptado la misma decisión de libertad provisional, sin ninguna medida cautelar. Brondo prestó declaración el miércoles durante seis horas en la casa cuartel de la Guardia Civil de Ciutadella ante los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Angel Subirán, que dirigen la investigación, y agentes de la policía judicial. También declaró el empresario Juan Manuel Mercadal, que firmó varios contratos y adjudicaciones de la fundación Ciutadella Turisme (Citur), ente municipal gestionado por Cardona. Tanto Cardona como Casasnovas se habían negado a declarar el miércoles en sede policial sobre su implicación en los ilícitos penales que se investigan, consistentes en presuntos delitos de falsificación de documentos públicos y malversación de fondos públicos. También prestó declaración ayer como imputada la actual concejal del Grupo Mixto Antonia Salord, teniente de alcalde de Gobernación durante el mandato del alcalde Brondo, que fue dada de baja en Unió Menorquina (UMe) tras ser imputada en la tarde del miércoles. Ha trascendido que han sido imputados también cinco funcionarios municipales, pero no se ha facilitado su identidad. Las actuaciones, iniciadas a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, están bajo secreto de sumario. Según el TSJIB, la investigación continuará abierta bajo la dirección del Juzgado, sin que a día de hoy esté prevista ninguna nueva citación ni de imputados ni de testigos.