El Gobierno ha identificado ante el juez Pablo Ruz, a requerimiento de este, a sus tres interlocutores en el proceso de conversaciones con ETA durante la tregua del 2006, pero no ha podido facilitarle ninguna copia de las actas de esas reuniones porque estas no existen, según fuentes de la investigación. El magistrado ha otorgado a los mediadores la condición de testigos protegidos (es decir, se les identifica con un número y no con su nombre y apellido). Fuentes jurídicas recriminaron ayer al magistrado que haya destapado este caso cuando la Sala Penal de la Audiencia Nacional debate si retira o no la imputación de colaboración con banda armada en el caso Faisán.

Uno de los enviados del Ejecutivo, el socialista vasco Jesús Eguiguren, aseguró ayer, en declaraciones a la SER, que las supuestas actas filtradas en los últimos días no tienen nada que ver con la realidad. También hay quien sospecha que con esos documentos la banda buscaba "desprestigiar a los negociadores".

Otro de los interlocutores, José Manuel Gómez Benítez, actual vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se negó ante Ruz a otorgar la categoría de acta a "las notas manuscritas" de un etarra que barrunta que tuvieron que ser reelaboradas después. Este catedrático de Derecho Penal explicó al juez que participó en una reunión durante tres días consecutivos en septiembre del 2006 y en la que ETA se quejó de los "incumplimientos" del Gobierno, como las 58 detenciones de etarras desde marzo hasta esa fecha. Y aseguró que no se levantó acta del encuentro, según fuentes conocedoras de su declaración judicial.

COMENTARIO La banda también protestó por la prohibición a Batasuna de participar en actividades políticas. El vocal del CGPJ dijo a los etarras que Baltasar Garzón había prohibido a la fuerza ilegal convocar actos bajo ese nombre. Y les hizo ver que tanto el Gobierno como Batasuna conocían la línea roja que no podían cruzar. Ese comentario fue interpretado en las notas de ETA como que Garzón tenía una línea de comunicación con Batasuna y con el Gobierno y que había establecido con ambos las reglas de juego.

Además, Gómez Benítez reveló al magistrado, según fuentes jurídicas, que en los encuentros con ETA se usaba un determinado lenguaje. "Los incumplimientos podían dar lugar a la ruptura de la negociación porque implicaban responsabilidad de alguna de las partes, mientras que los accidentes eran incidentes que generaban tensión pero sin responsabilidad", explicó.

Así, los enviados del Gobierno tacharon de "accidentes" las detenciones de etarras al estar fuera de la responsabilidad del Ejecutivo y la banda terrorista usó la misma palabra para desmarcarse de la kale borroka.