La Audiencia Nacional ha condenado a los etarras Idoia Mendizábal y Asier Arzalluz Goñi a penas de 377 años de cárcel por su participación en el intento de asesinato de la teniente de alcalde de Portugalete, Esther Cabezudo, el 28 de febrero del 2002, mediante la colocación de un carrito bomba que debía estallar a su paso por la calle que conducía al Ayuntamiento.
Además, ha fijado una indemnización de 155.800 para Cabezudo y de 286.200 euros para su escolta Ignacio Torres. Ambos se encuentran de baja por estrés postraumático y no han podido volver a desarrollar su profesión desde que se produjo el atentado.
La exteniente de alcalde socialista y su escolta salvaron su vida porque aquella mañana circulaban por la acera contraria a la utilizada por los terroristas para la colocación del artefacto explosivo formado por 20 kilos de titadyne.
La sentencia considera probado que Arzalluz, Mendizabal y un tercer terrorista formaban parte del comando autodenominado Olaia, en recuerdo a una activista fallecida, dentro del cual fijaron como objetivos a varios representantes municipales a los que tachaban de "españolistas".
ATENTADO QUE PODRRÍA HABER CAUSADO MUCHAS MUERTES
Atendiendo a las circunstancias que rodearon al atentado, los magistrados destacan que este se perpetró a las 9.10 horas de la mañana en "pleno casco urbano" y con un artefacto de "enorme potencia" y ello evidencia que los autores "buscaban causar la muerte de la teniente de alcalde y de su escolta, pero conscientes de que habría de haber otras muchas personas, aceptaron causar la muerte de cualquiera que se encontrase en las inmediaciones y además buscaron producir daños de enorme magnitud" en los edificios de la zona.
El tribunal, presidido por la magistrada Manuela Fernández de Prado, ha impuesto a cada uno de los terroristas 18 años de prisión por cada uno de los 20 intentos de asesinato terrorista de los que les acusaba la fiscalía --la explosión causó 20 heridos-- y 17 años por un delito de estragos.
DECLARACIÓN DE LA EXTENIENTE DE ALCALDE
Durante el juicio, la exteniente de alcalde la localidad vizcaína de Portugalete declaró, protegida por una mampara que le impedía ver a los acusados, que la acción terrorista cometida en su contra en febrero de 2002 por un comando de legales de ETA le cambió la vida. "Ahora vivo permanentemente con miedo", dijo.
Según recoge la sentencia, los terroristas se refugiaron tras cometer el atentado en un piso alquilado en Amorebieta por Gorka Martínez Arkarazo, a quien comentaron que no había sido correcta la colocación del carrito bomba.
El comando reivindicó el atentado en una nota mecanografiada en euskera y remitida a la cúpula de organización, que se incautó en la operación policial desarrollada contra Juan Fernandez Iradi, alias Susper, en diciembre del 2002. La banda terrorista ETA se atribuyó la acción terrorista mediante una comunicación al diario Gara.
