José Blanco, vicesecretario general del PSOE, invitó ayer al líder de Convergència i Unió, Artur Mas, a repasar la historia reciente de la política española para tener claro así que cualquier aventura independentista (los convergentes prefieren referirse a la cuestión, eufemísticamente, como el derecho a decidir) es un callejón sin salida. El plan Ibarretxe, recordó el dirigente socialista al líder de CiU, no pasó el filtro del Congreso de los Diputados cuando el ex lendakari lo puso sobre la mesa en el año 2003.

"Hay unas reglas y unas normas que garantizan la convivencia y el respeto, y todos los españoles se deben a ellas", subrayó Blanco. El número dos del PSOE aceptó, a lo sumo, el hecho de que "Mas está en su derecho de poder hacer un planteamiento electoral como el que hace si considera que es el camino que ha de seguir Cataluña", pero, por si acaso, le anticipó con claridad cuál será la respuesta del partido socialista.

La advertencia de Blanco se produjo ayer, en una jornada marcada de nuevo por la efervescencia de las cuestiones relacionadas con el modelo de Estado. Mientras una parte del espectro político catalán alimenta cada día que pasa la hipótesis de que más bien pronto que tarde Cataluña celebrará un referendo sobre su futuro (la consellera Montserrat Tura, por ejemplo, riñó ayer a ICV por apuntarse al bloque de los partidarios de la consulta popular), el PP y el PSOE dirimen sus diferencias en otro terreno de juego. Los populares, como ya hicieron cuando se insinuó por primera vez, anunciaron su total oposición a que el Estatut sea remendado a través de leyes orgánicas y traspasos de competencias tras el fallo del Tribunal Constitucional.

LA ESTRATEGIA DEL PP La presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, acusó a José Luis Rodríguez Zapatero de "no cumplir la ley", una denuncia que suscribió la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, quien afirmó que "ningún gobierno está por encima de la Constitución". El PP ha decidido exprimir más el limón de la sentencia del TC gracias a la voluntad del Gobierno de subsanar los recortes a través de acuerdos políticos. La anunciada reforma de la ley del poder judicial, según el PP, amenaza con balcanizar la justicia en España. "El poder judicial tiene que ser igual para todos los españoles", afirmó Sáenz de Santamaría.

Consciente de la batalla que se avecina, el Gobierno envió ayer como avanzadilla al secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías. Este no solo negó que se rompa la unidad de la justicia, sino que predijo que la descentralización que se pretende impulsar muy pronto agradará a comunidades como Valencia y Andalucía.