Tras un último trimestre parlamentario sumamente incómodo por el desgaste que ha supuesto la aprobación del tijeretazo social, el Gobierno afronta la próxima reapertura del Congreso --en septiembre-- con la prioridad fijada en materias que tienen poco que ver con la economía y mucho con los derechos de los ciudadanos. Por un lado, la apuesta pretende dar oxígeno al PSOE, que con la rebaja del sueldo de los funcionarios, la supresión del cheque bebé, la reducción del gasto farmacéutico y la congelación de las pensiones ha caído en intención de voto hasta situarse, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, a 6,3 puntos por debajo del PP. Por otro, con el nuevo paquete de leyes se busca realzar el perfil de algunos ministerios, como el de Justicia, que ha visto cómo sus proyectos quedaban relegados por las impopulares medidas anticrisis.

NORMAS SOCIALES Según fuentes del Ejecutivo, las nuevas leyes serán, entre otras, las de transparencia, arbitraje, libertad religiosa, enjuiciamiento criminal y reforma electoral. Son normas que afectan rápida y directamente a los ciudadanos, leyes que tienen efectos "a corto plazo", como le gusta decir al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Pero eso no significa, ni mucho menos, que las materias económicas vayan a ceder protagonismo. En primer lugar, porque la crisis manda y la UE seguirá diciendo a España que persevere en la reforma. En segundo, porque en el cercano horizonte se sitúa la votación de los presupuestos, de pronóstico incierto por la soledad parlamentaria de los socialistas.

La ley de transparencia, si resulta aprobada, permitirá que los ciudadanos puedan saber con meridiana concreción a qué se destinan sus impuestos o cuántos euros de las arcas públicas conlleva la compra y el uso de coches oficiales. España es uno de los escasísimos países en el ámbito comunitario que carece de una norma que regule el libre acceso a la información. Es decir, el derecho de la sociedad a que las administraciones públicas, las fundaciones y los organismos financiados con fondos del Estado comuniquen a quien así lo solicite (el articulado regulará el tiempo máximo en el que habrá de darse tal comunicación) en qué se gastan el dinero.

Los socialistas ya abogaban por esta iniciativa en su programa electoral del 2004, pero hasta el momento nada han hecho para ponerla en práctica. Dicen que ahora sí lo harán, al igual que con la tantas veces aparcada ley de libertad religiosa. El texto no cambiará la financiación de la Iglesia católica, que seguirá siendo el único credo al que los contribuyentes pueden dedicar el 0,7% de su IRPF, pero sí regulará que los funerales de Estado han de tener una naturaleza exclusivamente civil y también la desaparición de los establecimientos públicos de todos los símbolos religiosos que no tengan valor artístico o cultural: desde los ministerios y colegios a los hospitales y los juzgados. Y a buen seguro, a tenor de las primeras reacciones --a finales de junio, cuando se conocieron algunos detalles de la norma, el portavoz de los obispos, Juan Antonio Martínez Camino, habló incluso de "suicidio cultural"--, traerá consigo un nuevo enfrentamiento con la Conferencia Episcopal Española.

REORDENACION DE LA JUSTICIA El resto de las leyes, en principio, serán menos polémicas. La de enjuiciamiento criminal y la de arbitraje están destinadas a reformar la lenta administración de justicia. La primera, entre otros asuntos, permitirá que los fiscales lleven a cabo la instrucción de los procesos penales, mientras que con la segunda, según el Ejecutivo, se busca "potenciar los mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos para reducir el número de casos que llegan a los juzgados". Se creará, por ejemplo, un sistema de arbitraje entre las distintas administraciones para evitar litigios internos.