El juez Baltasar Garzón experimentó ayer de cerca esa forma de intolerancia argentina que suele mezclar de manera empalagosa la cruz y la espada. Simpatizantes del ex dictador Jorge Rafael Videla y el temible ex general Luciano Benjamín Menéndez intentaron agredir al magistrado cuando salía del tribunal de la ciudad de Córdoba donde se juzga a decenas de oficiales acusados de cometer delitos de lesa humanidad entre 1976 y 1983.
El togado fue increpado por los apologistas del tormento y la ejecución de ciudadanos con ojos vendados. Hubo empujones y gritos. Un periodista intentó retratar con su cámara la tentativa de pugilato y recibió una trompada. "Fueron gritos de intolerancia: quieren hacer de este juicio un escándalo", dijo Martín Fresneda, abogado de la organización que agrupa a hijos de padres desaparecidos.
Testigo clave
El ambiente ya estaba caldeado en la sala cuando Garzón, suspendido como juez de la Audiencia Nacional, puso un pie en ella acompañado del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Eduardo Duhalde. En ese momento, el tribunal tomaba juramento al legislador Enrique Asbert, testigo clave de la causa contra los represores. Al ver a Garzón, Videla, Menéndez y los suyos se levantaron de los asientos y pidieron retirarse del lugar. Siguieron el desarrollo del juicio a través de un monitor instalado en una habitación contigua.
De haber enfocado la cámara a Garzón, los viejos señores de la muerte habrían constatado su perplejidad a medida que Asbert avanzaba en su relato de lo que había ocurrido en la Unidad Penitenciaria Número 1 (UP1) y el Departamento de Informaciones (D2) de la Policía de Córdoba tras el golpe de Estado. El testigo recordó cómo lo torturaron en los genitales. Fue tanta la saña y el sadismo que uno de los captores dijo: "Este no coge (folla) más". Asbert habló además del asesinato de Pablo Balustra, un preso político hemipléjico a causa de los tormentos a quien se le aplicó la ley de fuga.
El juez se abstuvo de comentar el incidente y dijo sentirse honrado de presenciar el proceso. "Es un orgullo que Argentina esté desarrollando los juicios, con todas las garantías, contra aquellos que aparentemente son responsables de esos crímenes", dijo tras reunirse con el canciller, Héctor Timerman, para hablar de una posible colaboración en el área de derechos humanos. En esa comida participó el fiscal del Tribunal Penal Internacional de La Haya, Luis Moreno Ocampo, uno de los acusadores en 1985 de la Junta de Comandantes que concluyó con la primera prisión perpetua para Videla.
Dos años más tarde llegaron las leyes de impunidad y los indultos de los militares acusados de perpetrar hechos aberrantes. Garzón, desde Madrid, pidió la extradición de decenas de represores invocando las potestades de la justicia universal. Los presidentes argentinos Carlos Menem y Fernando De la Rúa le dijeron que no, pero la rueda que derribaría el muro que protegía a los represores había comenzado a andar.
En primera persona
Garzón también ha visitado Buenos Aires. El lunes participó en un seminario sobre represión y género y formalizó su apoyo a la candidatura de las Abuelas de la Plaza de Mayo al Nobel de la Paz. Suspendido de sus funciones por presunta prevaricación al ordenar investigar los crímenes durante la guerra civil y el franquismo, no se privó de intervenir en la política interna de Argentina, pero para hablar oblicuamente de lo que a él le ha ocurrido. Garzón criticó con dureza al ex presidente Eduardo Duhalde por haber planteado una consulta popular para que la sociedad se pronuncie a favor o en contra de la continuidad de los juicios de los militares.
"La amnistía es absolutamente contraria a los crímenes contra la humanidad. Lo dicen las leyes y los tratados internacionales. No puede aplicarse a crímenes catalogados como genocidio y crímenes de lesa humanidad. Es la regla básica y fundamental", dijo, para que, tal vez, todos lo escucharan.
