Francisco Camps lleva meses pidiendo a la dirección del PP que confíen en él y en su saber hacer ante los tribunales (gracias a la colaboración de su abogado y del dirigente popular Federico Trillo), dando por hecho que no llegará a sentarse ante un jurado por el caso de los trajes y que, además, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) rechazará juzgar a su Gobierno por posible financiación ilegal, por mucho que se empeñe el juez de Madrid Antonio Pedreira e, incluso, el instructor en Valencia, José Flors. La dirección del PP, ante el empeño de Camps, le ha concedido el beneficio de la duda y esperará "hasta el límite de lo posible" para adoptar, si fuera necesario, medidas disciplinarias contra él o sus colaboradores. "Pero, tras leer el auto de hoy por ayer, nos tememos lo peor", se apuntaba ayer desde el entorno del presidente del PP, Mariano Rajoy.
CRECE LA PRESION En esta situación, Rajoy elige el camino más largo, como ya hizo con su ex tesorero Luis Bárcenas: ganar tiempo y, en función de las noticias que vayan surgiendo de los tribunales, inclinar la balanza hacia el lado de Camps, que se proclama inocente a los cuatro vientos, o hacia el cada vez mayor número de dirigentes conservadores que ansían que el presidente valenciano presente su dimisión cuanto antes, "por su propio bien y por el bien del partido".
Mientras, Camps mueve sus fichas: ayer hizo público un informe de la abogacía de la Generalitat valenciana para intentar desmontar la investigación que, sobre financiación ilegal, ha realizado la Unidad de Auxilio Judicial. Al tiempo, prometió dar explicaciones a la prensa. Eso sí que es novedad.
