El juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ha enviado a Valencia la parte de la investigación que afecta a los supuestos delitos cometidos por parte de dirigentes del PP de la Comunidad Valenciana. El magistrado ha acordado esta "inhibición parcial" por la posible "conexión" entre las presuntas ilegalidades de la trama de Alfonso Correa en Madrid y Valencia y para evitar "la prescripción de los delitos electorales", algunos de los cuales aparecen por vez primera en este proceso.
Pedreira ve indicios de cohecho, prevaricación, delito contra la hacienda pública, financiación ilegal y falsedad en documento mercantil. Toda una retahíla de viejas y nuevas sospechas que han vuelto a golpear al presidente valenciano tan solo una semana después de que el Tribunal Supremo ordenara al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que reabriera el caso de los trajes al considerar que Camps y algunos de sus adláteres recibieron regalos "de forma repetida" y con "opacidad".
MAS DUDAS Las 20 páginas remitidas por el magistrado no hacen más que agrandar las dudas en torno a algunos miembros de la cúpula popular valenciana. Como Ricardo Costa (diputado y ex secretario general de los populares valencianos), Vicente Rambla (vicepresidente primero del Gobierno valenciano), David Serra (vicesecretario general) y Yolanda García Santos (tesorera).
En su escrito, el instructor detalla las "irregularidades" en la contratación por parte de diversas conselleries de actos organizados por Orange Market, algunos de los cuales requerían la autorización de la presidencia. "Por ello --prosigue--, el delito de cohecho que se investigaba en el TSJ de Valencia podría no ser, en algunos casos, el previsto en el artículo 426 del Código Penal, sino el tipificado en los artículos 425, 419 o 420 del mismo texto".
El magistrado pide en este sentido que se investiguen los regalos recibidos por Costa y Camps y que se indague la contratación de empresas vinculadas a Francisco Correa por parte de la Administración valenciana entre el 2004 y el 2009. A esta se añadirían los delitos de fraude fiscal y falsedad de documento mercantil cometidos por dirigentes del PP valenciano.
Un capítulo aparte merecen los delitos relacionados con las autonómicas del 2007. El juez desvela que, de acuerdo con la documentación, un importante porcentaje de la deuda contraída por el PPCV con Orange Market por los servicios de la campaña electoral "se habría abonado de forma opaca, en efectivo" y sin declaración tributaria. Otra parte de esa deuda habría sido pagada por algunos empresarios con facturas que "reflejarían servicios inexistentes" y que se elaborarían con el fin de "encubrir donaciones al PP valenciano".
