El éxito o fracaso de las medidas de ajuste propuestas por el Gobierno depende de la orientación del voto de CiU en el Congreso. El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la vicepresidenta económica, Elena Salgado, se han involucrado personalmente en las últimas horas en conversaciones con CiU para que mañana no rechace el decreto de ajuste en el Congreso, votación en la que el grupo catalán probablemente se abstendrá.

El decreto con las medidas extraordinarias para reducir el gasto incluye, entre otras, la rebaja de los salarios a los funcionarios, la congelación de las pensiones y la prohibición a los ayuntamientos para pedir créditos a largo plazo durante todo 2011.

Fuentes de CiU han destacado que sus diputados se han reunido a última hora de la tarde para decidir el sentido de su voto y también para valorar los pros y los contras de que el decreto de recortes, si finalmente es convalidado, se tramite como proyecto de ley.

ABSTENCIÓN NECESARIA

Con una abstención de CiU, el PSOE tendría los votos justos para sacar adelante el decreto de recortes: 169 diputados socialistas frente a los 168 que suman PP, PNV, ERC-IU-ICV, BNG, Na-Bai y UPyD, y que ya han anunciado su voto negativo. UPN y Coalición Canaria también han confirmado su intención, en este caso abstenerse.

De esta forma, la aritmética parlamentaria vuelve a colocar a CiU en el papel de coalición bisagra y clave de la votación, que podría salir adelante por solo un voto. Si por el contrario CiU decidiese votar en contra y, además, no hubiera diputados ausentes en el hemiciclo, la propuesta del Gobierno sería rechazada.

NEGATIVA DEL PNV

El PNV ya ha anunciado que votará contra de la convalidación del decreto. El presidente del partido, Iñigo Urkullu, ha explicado que su voto en contra supone un no tanto a la manera de proceder del Gobierno como al contenido del decreto ley, que, a su juicio, no respeta el autogobierno vasco.

El PNV considera las medidas planteadas "insuficientes, injustas y contraproducentes" para impulsar la economía y el empleo y teme que este sea solo "un mal principio" de otra serie de actuaciones "más duras aún".

RETRASO PREVISTO

Si el decreto se tramita finalmente como ley -lo que implica la presentación de enmiendas y, por lo tanto, un retraso en la entrada en vigor de las medidas- se podría transmitir a los mercados una imagen de inestabilidad de España.

Ese es uno de los argumentos que analizan los diputados de CiU pero también otros grupos parlamentarios que no tienen claro qué votarán al respecto, como ERC o Coalición Canaria.

Solo UPN ha manifestado claramente, por el momento, su voluntad de votar 'no' a la tramitación como proyecto de ley.