El Tribunal Supremo investigará y juzgará al diputado del PP y presidente de Nuevas Generaciones, Nacho Uriarte, por haber provocado en la madrugada del 19 de febrero un accidente de tráfico en el centro de Madrid cuando conducía con una tasa de alcohol muy superior a la permitida.

El juez de Madrid Pedro López Jiménez, que se hizo cargo del caso por encontrarse de guardia en el momento de los hechos, se ha inhibido y ha remitido la causa a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, según han informado hoy fuentes jurídicas.

López Jiménez ha decidido remitir la causa al Supremo dado que Uriate, como diputado nacional, ostenta la condición de aforado. El alto tribunal es el único órgano jurídico que puede imputar, procesar y juzgar a los miembros del Congreso de los Diputados. El juez ha recibido el informe favorable de la fiscalía para inhibirse de la causa.

TASA DE ALCOHOLEMIA DEL 0,52

El accidente de Uriarte tuvo lugar sobre las 07.00 horas del viernes 19 de febrero. A su paso por la calle de Serrano de Madrid, el vehículo de Uriarte colisionó con otro coche que se encontraba parado en un semáforo en rojo, abollándole el parachoques y abriéndole el maletero.

El diputado, según explicó, iba conduciendo el coche de un amigo que iba más ebrio que él, tras pasar la velada en casa de unos amigos. Los policías municipales que acudieron al lugar de la colisión sometieron a Uriarte a un test de alcoholemia que reveló que el diputado conducía con una tasa de alcohol de 0,52 miligramos, más del doble de lo permitido.

INFRACCIÓN MUY GRAVE

Uriarte apunó que se ofreció a conducir el coche porque pensaba que no superaba la tasa permitida por la legislación vigente. La repercusión mediática del accidente obligó a Uriarte a dimitir como vocal de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso.

La conducta de Uriarte (conducir con una tasa de 0,52 miligramos de alcohol por litro de aire espirado) está tipificada como "infracción muy grave" y lleva aparejada la pérdida de seis puntos del carnet de conducir y una multa de entre 301 y 600 euros, según la legislación vigente en el momento del accidente.