La testaruda realidad es la piedra contra la que tropiezan una y otra vez casi todos los políticos que son acusados de corrupción. La tendencia de los imputados es negarlo todo hasta que la verdad se acaba por imponer. Una actitud que no les sirve ni para ganar tiempo, porque cuanto más tiempo pasa, más se debilita su posición. Es lo que le está ocurriendo ahora al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, que va dando traspiés, cada vez más solo y más empeñado en negar las evidencias que ratifican instancias cada vez más elevadas.

Pero Camps no se arredra. Como en un wéstern, gravemente herido, parece dispuesto a disparar contra todo y contra todos antes de desplomarse. Así, su respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de ordenar al juez José Flors que reabra el caso de los trajes que le habría regalado Alvaro Pérez, el Bigotes , el socio de Francisco Correa en la trama Gürtel, ha sido agitar la teoría de una conspiración en la que los jueces y el Gobierno se dedicarían a fabricar pruebas falsas. Lo dijo el miércoles, pero el sábado se jactó de que "de la cacería ya han caído dos, Bermejo y Garzón" y recomendó que se "tienten la ropa" quienes él cree que le están sometiendo a una persecución.

La estrategia de Camps denota falta de respeto al Estado de derecho y supone una huida hacia adelante que no le va a servir para eludir el banquillo de los acusados, si así lo decide el juez Flors. Pero, además, perjudica seriamente la salud democrática de su partido. No porque el PP corra el riesgo de perder las elecciones en la Comunidad Valenciana --lo que hoy por hoy parece más que improbable, cualquiera que sea el candidato que presente--, sino porque desgasta su credibilidad ya mermada por el caso Matas y, más aún, por la investigación de la trama Gürtel, tanto en la Comunidad Valenciana como en Madrid. En la que están apareciendo indicios de enriquecimiento ilícito de varios de sus dirigentes, pero también de financiación ilegal de actos del partido, sobre la que el PP tendrá que rendir cuentas ante la justicia y ante la sociedad.

Así que en la dirección del PP se empieza a extender la idea de que lo mejor sería que Camps lo dejara, aunque parece que nadie está dispuesto a decírselo. Desde luego no Mariano Rajoy, que calla y sigue la misma estrategia que utilizó con el ex tesorero Jesús Bárcenas: dejar que la situación se pudra y que sea el propio afectado el que tome la decisión. Sería mejor, sin embargo, que Rajoy, de acuerdo con el código ético del que voluntariamente se dotó el Partido Popular, sugiriera a Camps la salida más adecuada desde el punto de vista de la limpieza democrática. Por respeto a sus votantes. Por respeto a todos los ciudadanos.