La fiscalía pidió ayer a los magistrados del Tribunal Supremo (TS) que absuelvan a Baltasar Garzón porque, en su opinión, el juez no cometió un delito de prevaricación al investigar los crímenes de la guerra civil y la dictadura. Así consta en el escrito de conclusiones provisionales que el ministerio público presentó ayer, penúltimo trámite antes de que el togado de la Audiencia Nacional se siente en el banquillo. Paralelamente, el fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Luis Moreno Ocampo, comunicó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que mantiene la oferta de trabajo que en su momento realizó al magistrado.

La fiscalía relata en su escrito que en diciembre del 2006 Garzón recibió varias denuncias "vinculadas a hechos criminales acaecidos en España a partir del 18 de julio de 1936" y que el ministerio público se opuso a la apertura de una investigación en noviembre del 2007. Pese a ello, el juez decidió realizar un inventario de los desaparecidos, hasta que en octubre del 2008 se declaró competente para instruir esta causa. El organismo que dirige Javier Zaragoza se opuso al proceso y consiguió que la Sala Penal de la Audiencia Nacional le diera la razón, salvo tres magistrados que apoyaron la iniciativa de su subordinado.

Para el fiscal estos hechos no son constitutivos de un delito de prevaricación. Por ello afirma que no se puede imponer ninguna pena al imputado ni es posible "solicitar responsabilidad civil". También propone que en el juicio se interrogue al togado, se lean sus autos y se tenga en cuenta el voto particular de tres los jueces discrepantes.

Ahora el Tribunal Supremo tiene que solicitar al letrado del juez, Gonzalo Martínez Fresneda, que presente su escrito de defensa. Después debería señalar la fecha para el juicio.

CINCOS INFORMES Mientras, el Tribunal Penal Internacional comunicó ayer al CGPJ "que no existen razones para modificar la decisión de contratar" al juez, aunque se encuentre suspendido de sus funciones desde el viernes pasado. En su informe, el TPI subraya que "la iniciación de un proceso penal ni su consecuente suspensión constituyen un obstáculo para la contratación".

El Ministerio de Asuntos Exteriores también reiteró su apoyo al traslado de Garzón. Hoy está previsto que el CGPJ reciba los dictámenes de la fiscalía, del TS y de su propia secretaría general. La comisión permanente incluso podría tomar en las próximas horas una decisión sobre la marcha del magistrado a La Haya.