El futuro político del actual presidente de Valencia vuelve a peligrar: el caso Camps, el de los trajes de marras, resucita de la mano del Tribunal Supremo (TS) nueve meses después de haber sido enterrado por la justicia valenciana. Sin embargo, aquel sepelio judicial (formalmente llamado archivo de la causa) que tanto alivió a un PP asfixiado por el escándalo Gürtel no es válido. O, al menos, eso es lo que sostienen ahora los magistrados del alto tribunal, quienes opinan que sus colegas de Valencia hicieron en su día una interpretación errónea de la figura penal del cohecho impropio, ya que entendieron que solo había delito si un cargo público recibía un regalo y, a cambio, hacía un favor al sujeto que le agasajaba. Pues se equivocaron.

Según el Supremo, ese tipo de cohecho es achacable a las autoridades que, por el simple hecho de tener poder, recibía dádivas costeadas por terceros.

EN MANOS DEL JUEZ FLORS O sea, que según esta doctrina el delito sería imputable a Camps y a algunos de sus colaboradores por haber aceptado, supuestamente, trajes pagados por Orange Market, empresa de la red corrupta que se benefició de importantes contratos con la Generalitat. Esa interpretación ha llevado al alto tribunal a dar por buenos los recursos contra el archivo de la causa que presentaron, hace meses, la fiscalía y los socialistas y, por ende, instar al juez José Flors, que fue instructor del caso en el TSJCV, a retomar su investigación.

Cabe recordar que el magistrado Flors llegó a emitir un auto, el año pasado, en el que se mostraba partidario de seguir adelante con el caso de los trajes, dejando a un lado los indicios de financiación ilegal. Pero Camps y el resto de políticos populares afectados por el caso (Ricardo Costa; Víctor Campos y Rafael Betoret) recurrieron, logrando así que la sala penal y civil del tribunal valenciano --presidida por Juan Luis de la Rúa, un "más que amigo" del presidente de Valencia-- archivara este asunto. Camps venció la batalla. Pero el Supremo estimó ayer que la guerra judicial debe continuar, con el juez Flors como árbitro.

En el terreno de la justicia, queda por ver qué hace ahora Antonio Pedreira, el instructor del caso Gürtel en el tribunal superior de Madrid y que, entre otros temas, estudia la posible financiación ilegal del PP valenciano. Pedreira ya intentó desviar el pasado verano esta parte de su sumario a Valencia, pero fracasó por el precipitado archivo de la causa contra Camps.

Y con este panorama por delante, ¿qué hará Mariano Rajoy?. Pues, de momento, mantener su apoyo a Camps y, a tenor de cómo se desarrollen los acontecimientos, tomar una decisión. "Hoy hay respaldo y punto. En un futuro, nada está descartado", subrayan desde el entorno del líder popular, rememorando el esquema de actuación que se siguió con el ya extesorero del PP Luis Bárcenas, a quien se respaldó durante meses y, sin embargo, se terminó invitando a abandonar la organización.

PROBLEMA Pero el líder conservador se va a encontrar con un primer problema: el de decidir si trata a Camps como al resto de los militantes del partido cuando resulte formalmente imputado o si, por el contrario, le ofrece trato de privilegio y no le exige que devuelva, temporalmente, su carnet de militante.