Baltasar Garzón ha decidido poner tierra de por medio y ha aceptado la invitación que le ha cursado el fiscal del Tribunal Penal Internacional de La Haya (TPI), Luis Moreno Ocampo, para trabajar en ese organismo como asesor en la investigación de crímenes masivos. No obstante, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá autorizar el traslado, que puede ser abortado si el juez del Tribunal Supremo (TS) Luciano Varela dicta el auto de apertura de juicio oral por el proceso que tramita contra su colega por investigar los crímenes de la guerra civil y la dictadura. El Gobierno y el PSOE apoyaron ayer la decisión del juez Garzón, que fue criticada por el PP y dividió al mundo judicial.
El magistrado de la Audiencia Nacional lleva un año sufriendo un calvario, desde que el Tribunal Supremo admitió a trámite la querella presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias. A esa demanda se sumaron las presentadas por otras acciones populares para averiguar si pidió dinero al Banco Santander para patrocinar unos cursos que impartió en la Universidad de Nueva York y por autorizar las escuchas telefónicas del caso Gürtel .
La amenaza de la suspensión de sus funciones se formalizó en febrero, después de que Varela se negara a archivar el proceso por los crímenes del franquismo. Los acontecimientos se precipitaron y Garzón aceptó el consejo de destacados miembros de la carrera judicial de buscar una salida en el extranjero. Su situación procesal dificultó las negociaciones, ya que no era fácil hallar un hueco en un organismo internacional con tres causas pendientes en el Tribunal Supremo, pero finalmente Moreno Ocampo le hizo una oferta formal.
CONTRATO DE SIETE MESES El pasado 6 de mayo, el fiscal del Tribunal Penal Internacional remitió al juez una invitación en la que le ofrecía un contrato de siete meses como asesor externo para dinamizar dicho organismo. Moreno Ocampo, que ha defendido públicamente al togado de la Audiencia Nacional, subrayó que Garzón le ayudará a mejorar las técnicas de investigación debido a "su extensa experiencia" en la persecución de crímenes masivos. En principio, el magistrado se trasladará a La Haya, aunque también podría ocupar plaza en Uganda, Congo o Colombia.
SERVICIOS ESPECIALES El magistrado comunicó ayer su decisión de aceptar la invitación al presidente de la Audiencia Nacional, Angel Juanes, que la remitió con un informe favorable al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La comisión permanente de este organismo la estudiará hoy, aunque pospondrá su decisión hasta que reciba un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores. Garzón ha pedido una excedencia por servicios especiales que le permitirá conservar su plaza en la Audiencia Nacional. Además, mantendrá el fuero para que sea investigado en el Tribunal Supremo.
El CGPJ no autorizará el traslado del magistrado hasta que reúna toda la información. Durante este tiempo, Varela puede mover ficha y dictar el auto de apertura de juicio oral contra el magistrado, lo que llevaría aparejada la suspensión y, por tanto, el Poder Judicial no podría dar el visto bueno al traslado, ya que la excedencia para servicios especiales exige que los jueces estén en situación de activo.
En el caso de que Varela no tenga tiempo para sentar a su colega en el banquillo --antes tiene que resolver los recursos de nulidad presentados por el letrado de Garzón, Gonzalo Martínez Fresneda, al que se ha adherido el fiscal para que dicte el archivo de este caso--, la suspensión quedará paralizada, porque esta medida no se puede aplicar a un juez que ejerce en el extranjero.
Fuentes jurídicas explicaron ayer que la decisión del togado de la Audiencia Nacional cayó como un jarro de agua fría en el Supremo. Algunos jueces la criticaron porque creen que es una maniobra más de Garzón para eludir la acción de la justicia. "Es otro viaje de ida y vuelta y no se puede consentir", afirmaron. "Primero se fue unos meses a la política y volvió al juzgado, después a Nueva York y ahora a La Haya", agregaron. Por ello, no se descarta que el alto tribunal siga adelante con su acoso al juez y le obligue a regresar para ser juzgado y condenado a una pena de inhabilitación que le expulse definitivamente de la Audiencia Nacional. Sin embargo, Garzón es consciente de que su decisión no tiene marcha atrás y que no volverá a ocupar su despacho.
OPINIONES DISPARES El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quiso desvincular la decisión del magistrado "de otras polémicas". El dirigente socialista Eduardo Madina le deseó una "etapa de éxitos laborales". Por el contrario, los dirigentes populares Jorge Fernández Díaz y Vicente Martínez-Pujalte le recordaron que está sometido a la ley. Por su parte, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura pidió al CGPJ que deniegue el traslado, mientras que una cincuentena de familiares de víctimas del franquismo se concentraron a las puertas del Congreso para pedir justicia.
