Las asociaciones de jueces han coincidido en señalar que la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela de proceder penalmente contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación que habría cometido al investigar, sin ser competente para ello, las desapariciones durante el franquismo es el paso definitivo para la suspensión de Garzón.
Los portavoces de Jueces para la Democracia (JpD), Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) subrayaron que el paso dado por Varela significa, "sin lugar a dudas", que el alto tribunal considera que hay indicios suficientes para actuar contra Garzón, con lo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) procederá a apartarle de sus funciones.
La eventual suspensión de Garzón podría ser inminente, según el portavoz de JpD, Ignacio Espinosa, ya que si antes "había dudas" de que la apertura de diligencias previas se ajustaba a los supuestos de la Ley Orgánica del Poder Judicial --que contempla la suspensión de un juez "cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder" contra él--, con el último paso de Varela "ya sí" estamos ante un procedimiento judicial. "Es un paso más para sentarlo en el banquillo, con lo cual es seguro que la Comisión Permanente del CGPJ lo va a suspender", estimó Espinosa, que expresó su convencimiento de que esta será la decisión del máximo órgano de gobierno de los jueces.
"SITUACIÓN ANÓMALA"
No tan seguro de la suspensión se mostró el portavoz de la AJFV, Marcelino Sexmero, que apuntó que habrá que "ver qué hace el CGPJ", porque "el criterio siempre ha sido que si el fiscal no está en la querella, no hay suspensión". Sexmero subrayó la excepcionalidad del proceso contra Garzón. "Nunca se había dado un caso similar a éste", dijo, en el que una denuncia contra un juez llegara tan lejos sin el apoyo del fiscal. "Como es un caso novedoso, vamos a ver qué decide", insistió.
Conrado Gallardo, del FJI, coincidió en que la ausencia de acusación del Ministerio Público ha creado una "situación muy anómala", ya que "normalmente, en un asunto tan grave", la denuncia a un juez "debería tener el respaldo de la acusación del fiscal".
