Una serie de llamadas telefónicas fueron suficientes para que todos aquellos que durante el martes criticaron al titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por su inusual anuncio de un posible secuestro de ETA reconvirtieran los reproches en justificación y apoyo a la política antiterrorista del Gobierno.

Desde los sindicatos y asociaciones policiales hasta los partidos, la mayoría de los interlocutores, incluido el jefe de la oposición, Mariano Rajoy, aseguraron el miércoles que si el ministro lo dijo "es porque responde a una evaluación seria y ha meditado. Sus razones tendrá para hablar". ¿Y las tenía? Poco se ha sabido de los planes de ETA, pero sí se ha confirmado que, horas antes de viajar el lunes a Bilbao, Rubalcaba recibió una información de la Guardia Civil que le alertaba de que el secuestro iba a ser "inminente". Unos datos que, según fuentes de la lucha antiterrorista, tenían su origen en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Pero ¿por qué esos en concreto adquirieron mayor relevancia que otros de los muchos que los servicios de inteligencia reciben y analizan a diario?

Un informe tiene la clave. Las fuerzas de seguridad acababan de elaborar un dosier confidencial a partir del conocimiento de un documento de la cúpula de ETA que marca el calendario de actuaciones con motivo de la presidencia de España de la UE. Unas acciones con las que los terroristas pretendían irrumpir en el debate abierto en la izquierda aberzale y en el colectivo de presos sobre la conveniencia de la lucha armada.

Incluso el miércoles se aseguró en algunos círculos que ETA disponía del zulo en Francia para el secuestro, extremo no confirmado. La víctima podía ser un político sin escolta, incluso retirado de la escena pública, por el que ni siquiera se solicitaría un rescate, pero cuyo rapto serviría para acaparar la atención mediática internacional, pendiente de España por el semestre europeo.