Será en enero, o no será. Y aunque vaticinar la fecha del desenlace de los más de tres años de deliberación del Tribunal Constitucional (TC) sobre los recursos presentados contra el Estatut de Cataluña es una misión de alto riesgo, esta parece la buena. Al menos eso piensan en la Moncloa y en la Generalitat, donde ya velan armas a la espera de un fallo inminente en forma de sentencia interpretativa. Una solución que el PSOE no ve con malos ojos, ya que permitiría que cada gobierno arrimase el ascua a su sardina, y que en clave interna catalana beneficiaría especialmente a CiU y ERC.
Los magistrados del TC han intensificado el trabajo en los últimos días y ayer reanudaron las deliberaciones en grupos reducidos en pos de desencallar los aspectos más controvertidos antes de someterlos a debate en el plenario.
En la Moncloa esperan la sentencia para la segunda quincena de enero y confían en que les dará argumentos suficientes para defender que el Estatut ha pasado el difícil trámite de su constitucionalidad manteniendo el "cuerpo central" del texto que se aprobó en el Parlamento catalán y las Cortes.
