El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) volverá a investigar el dinero que el magistrado Baltasar Garzón cobró cuando disfrutó de una licencia de estudios en Nueva York, entre marzo del 2005 y junio del 2006, a instancias de los mismos abogados que ya vieron frustradas sus intenciones de que se le expedientara por estos hechos el pasado julio.

Los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón pidieron al CGPJ el pasado jueves que suspendiera en sus funciones a Garzón después de que el Supremo informara de ocho cartas entre el juez de la Audiencia Nacional y directivos del Banco Santander. Los letrados sostienen que Garzón mantiene una relación estrecha con el presidente del Santander. Emilio Botín, por haberle agradecido que le financiara un curso en Estados Unidos.

En opinión de estos letrados, esta correspondencia le impedía resolver una querella presentada en su juzgado contra Botín y debió pasar el caso a otro juez. Garzón lo negó y explicó que su relación con el Santander se limitó a la financiación de los cursos que organizó sobre seguridad y terrorismo y negó que la entidad le hubiera pagado sus gastos. Estos hechos también los está investigando el Supremo.