El pago de un rescate a cambio de la liberación del atunero bermeano Alakrana no solo ha generado una viva controversia política sino también una decidida actuación judicial. Poco después de que ayer el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz anunciara su intención de investigar, a instancias de la fiscalía, la "trama jurídico financiera" que ha rodeado el secuestro del pesquero, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró que España, "como país", no ha pagado el rescate exigido por los piratas somalíes que mantuvieron retenido el Alakrana durante 47 días.

Caamaño hizo esta afirmación en Roma, donde participó en un seminario sobre justicia. Y añadió "que se hayan encontrado soluciones en el ámbito internacional para una situación compleja, difícil, creo que eso lo comprendemos todos, y también lo pueden comprender quienes tienen que interpretar la ley y el derecho en cada momento".

Los representantes del Gobierno habían eludido hasta el momento pronunciarse, en uno u otro sentido, sobre el papel que ha jugado el Ejecutivo en la negociación y en la entrega de dinero y habían insinuado que eso corresponde al armador. Fuentes expertas en mediación en conflictos marítimos apuntaron que, en el caso precedente del secuestro del pesquero Playa de Bakio, el dinero del rescate fue adelantado por el Gobierno y el armador del buque lo ha ido devolviendo de manera fraccionada.

Con respecto a la investigación de la justicia sobre el asunto, Caamaño apuntó que el Ejecutivo ha actuado "con la ley en la mano" y agregó que le parece "perfecto" que la fiscalía investigue "si ha habido incumplimientos de la ley y se ha vulnerado la legalidad, y que, por tanto, se responda con el Código Penal si se ha cometido algún delito".

El juez Santiago Pedraz, que instruye la causa contra los dos piratas detenidos en los primeros días del secuestro, acordó ayer abrir un pieza separada y secreta para investigar la "trama jurídico financiera" que ha rodeado el asalto, la retención y la posterior liberación del Alakrana, a fin de identificar a los presuntos comisionistas y a los bufetes de abogados de Londres y de otras capitales europeas que mediaron en la negociación.

TOMAR DECLARACION Pedraz, que adoptó la decisión a instancias de la fiscalía, prevé viajar la próxima semana a Gernika (Vizcaya) y Vigo (Pontevedra) para tomar declaración a los 16 tripulantes españoles del atunero una vez que estos hayan regresado a España. El magistrado de la Audiencia Nacional prefiere ser él quien se desplace por consideración a la delicada situación anímica de los marineros que han estado 47 días secuestrados.

Tuvo también palabras de reconvención para la actitud del PP. Afirmó que "es la tarea de la oposición criticar al Gobierno" y apuntó que si lo que hay que valorar es la gestión realizada, "esa gestión se mide casi siempre por los resultados, y los resultados son evidentes".