La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha afirmado hoy que el Ejecutivo "ha hecho lo que tenía que hacer", que es "cumplir la ley", al detener a los piratas somalíes Abdu Willy y Raageggesey y traerlos a España. Como coordinadora del Comité que gestiona la crisis, la vicepresidenta ha subrayado que ella asume "toda la responsabilidad en estos momentos tan difíciles y duros".

"En el mandato de la operación Atalanta se recoge la obligación de detener a las personas que participen en secuestros de buques y se establece que las personas detenidas por actos de piratería en alta mar o en costa sean entregadas para su enjuiciamiento con carácter prioritario a las autoridades del país de bandera del buque, esto es España", ha explicado.

El secuestro es a un buque español, por lo que, cumpliendo la ley, "la Armada detuvo a los presuntos delincuentes y por eso el Gobierno, efectuada la detención (...) comunicó estas circunstancias a las autoridades judiciales competentes a través del abogado del Estado", ha dicho De la Vega. Los jueces admitieron la competencia, abrieron procedimiento y actuan "sin que nadie haya puesto en duda el cumplimiento de la ley", ha afirmado.

De la vega ha reconocido que el secuestro del Alakrana es un "tema complejo" que motiva que el Gobierno, las Fuerzas Armadas, el cuerpo diplomático, los servicios de inteligencia y los jueces trabajen "todos por el mismo objetivo: conseguir la liberación sin riesgos" del atunero y el "regreso a casa de la tripulación, siempre en el marco de la ley".

GESTIONES INTERNACIONALES

La vicepresidenta ha destacado que el Ejecutivo ha hecho y está haciendo todo lo que está en sus manos, de manera "ordenada y coordinada" para liberar al Alakrana a través de gestiones políticas, diplomáticas, militares, de inteligencia, dentro de la operación Atalanta, con cooperación internacional y con las autoridades somalíes.

Según De la Vega, nunca se planteó el traslado de los dos piratas detenidos a Kenia, ya que "la ley española y la internacional establece claramente que cuando se produce un ataque contra nacionales de un determinado país en un buque de pabellón de ese país, a ese país es al que le incumbe retener a los detenidos". De la Vega ha indicado que Defensa dijo ayer que las decisiones de detener y trasladar a los piratas se tomaron por unanimidad.

El Gobierno "ha actuado conforme a la ley y si se vuelve a producir un hecho igual seguirá actuando conforme a la ley", ha insistido la vicepresidenta, que ha añadido que apoya y comparte el comunicado de ayer del presidente de la Audiencia Nacional, Angel Juanes, por tratarse de "consideraciones pertinentes, que defienden la legalidad y la actuación del juez al amparo de la legalidad.

RESPETO A LOS JUECES

Sobre si los piratas podrían no ser juzgados en España, De la Vega ha indicado que la vía judicial es un debate que está en el ámbito de los jueces y que es ahí donde "se tiene que determinar el curso de este proceso". El Gobierno "respeta y apoya la decisión de los jueces", ya que "lo que hagan estará bien hecho", ha declarado la vicepresidenta.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha apuntado que ahora las Fuerzas Armadas realizan operaciones que hace años no hacían, por lo que ha reconocido que "puede ser precisa alguna modificación legislativa para tener mayores previsiones legislativas". La ley es hoy "inequívoca, tanto en España como en su entorno", ha indicado al tiempo que ha insistido en que "se está aplicando la ley con absoluta claridad".

Caamaño ha explicado que el canje de notas con Kenia forma parte de las normas que regulan la Atalanta, que se trata de un "instrumento normativo más" de las normas que regulan dicha Operación, y que está hecho porque es el país de la jurisdicción de Somalia.