Batasuna ha perdido su última oportunidad para volver a la política. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirmó ayer su decisión de avalar la ilegalización de esta fuerza porque atenta contra la democracia española al defender la violencia que perpetra ETA.

Con esta decisión, se cierra un proceso que se inició en el 2002 tras la decisión del juez Baltasar Garzón de suspender las actividades de la fuerza ilegal y que culminó con su ilegalización en el 2003 por el Tribunal Supremo. El Gobierno y los partidos políticos acogieron con satisfacción esta decisión.

La corte europea rechazó el pasado 30 de junio la pretensión de Batasuna de declarar nula su ilegalización. Por contra, los jueces europeos consideraron que esta decisión fue "proporcionada", ya que respondía a "una necesidad social imperiosa" en una sociedad democrática "especialmente para mantener la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades".

A juicio de Estrasburgo, Batasuna implica "un gran peligro para la democracia española". La fuerza ilegal recurrió esta decisión, que no ha sido siquiera examinada por la corte europea. El Tribunal de Estrasburgo informó ayer de que había rechazado que la gran cámara viera los alegatos de Batasuna y confirmó que su decisión "es firme" desde el pasado 6 de noviembre, cuando cinco jueces se negaron a tramitar su recurso. Tras esta decisión, a Batasuna se le han agotado las posibilidades de volver a la política si no se desmarca de la violencia. La fuerza ilegal no puede acudir más instancias internacionales para luchar contra su ilegalización.

El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, se felicitó por la decisión: Estrasburgo ha reiterado "una vez más" que el proceso abierto en España contra la fuerza ilegal se realizó "estrictamente en el marco de un Estado de derecho avanzado" que respeta "escrupulosamente los derechos y las libertades fundamentales". Fuentes de Interior también subrayaron que la decisión coincide con la detención de "destacados dirigentes abertzales" por pretender poner en marcha una estrategia para abrir "un nuevo proceso de negociación", pero manteniendo el "típico discurso de la ambigüedad" de la Izquierda Abertzale. Por su parte, la consejera y portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, aseguró que la decisión de la corte europea demuestra que "no hay una operación de Estado". También confió en que esta decisión sirva para que el PNV --que se ha manifestado contra el encarcelamiento de Arnaldo Otegi-- "cambie el pie" porque el fallo acredita que no se "persiguen ideas".