Dicen que hombre previsor vale por dos, pero el juez José Castro ha superado cualquier pronóstico. Ayer citó a declarar en calidad de imputado en el caso Palma Arena al ex presidente del Gobierno balear Jaume Matas, a su mujer, María Teresa Areal, y a su cuñado, Fernando Areal, para el 23 de marzo del 2010. El magistrado no explica los motivos de esta citación a tan largo plazo, que coincidió con el punto crítico del vodevil del PP por el caso Gürtel con la destitución de Ricardo Costa.

Además, el juez que instruye el caso Palma Arena citó entre el 20 y el 23 de octubre de este año a nueve testigos y sin ninguna explicación más incluyó en el listado de la misma providencia a Matas y sus familiares, aunque en estos casos para cinco meses más tarde. El ex presidente ha sido citado a las 12.30 de la mañana, de modo que podrá ser fotografiado mientras aguarda a que terminen de declarar sus familiares, ya que las cámaras tienen acceso al edificio judicial.

El letrado del matrimonio Matas, Rafael Perera, calificó de "inusual" este señalamiento y aseguró que el anuncio de la citación ha supuesto a sus clientes "un perjuicio innecesario" porque pone en "entredicho, por lo menos mediáticamente, la limpieza de su actuación, sin que puedan aportar eficazmente una versión exculpatoria de cuantos cargos pudieran hacérseles".

En esa comparecencia, Matas tendrá que explicar sus responsabilidades en las decisiones que provocaron el incremento del coste del velódromo Palma Arena, que pasó de los 48 millones iniciales previstos a unos 110. Varios de los imputados han atribuido en sus declaraciones al ex presidente la mayoría de las grandes decisiones relacionadas con la construcción del estadio.

Además, Matas deberá aclarar si, como sostiene la fiscalía anticorrupción, incrementó su patrimonio en dos millones de euros al adquirir tres viviendas. Los fiscales le acusan de un delito de cohecho por haber recibido en especie 1.527.550 euros al comprarse un palacete de 465 metros cuadrados en pleno centro histórico de Palma. Los fiscales consideran que el precio del inmueble debió de ser de entre 2,4 y 2,8 millones de euros. Sin embargo, el ex presidente pagó por la casa solo 950.000 euros a la sociedad Nova Labritja, participada por el abogado Juan Baudes y el arquitecto Giuseppe Violante.

OPERACION DE 900.000 EUROS Baudes ha mandado un escrito al juez en el que detalla los pormenores de esta operación de compraventa. El letrado afirma que la operación se realizó en el 2004 y que el precio acordado fue de 900.000 euros, según el valor real y de mercado de esa fecha. Los vendedores del palacete mantienen que era "un piso precariamente habitable que precisaba de rehabilitación" y rechazan que hayan cohechado a Matas a cambio de "hipotéticas promesas de realizar actos a su favor". Además, denuncian que nadie les ha pedido su versión.

Fuentes judiciales coinciden en que la instrucción de este caso es peculiar. Por ejemplo, el letrado Luis Jordana de Pozas, que defiende al gerente de la UTE, Miguel Angel Rodríguez, ha pedido al juez recibir el mismo trato que la policía y el fiscal. En un escrito critica que "la policía interese la práctica de diligencias para proseguir extrajudicialmente" la investigación. También le recrimina que atienda inmediatamente las peticiones de la fiscalía, pero deje sin resolver las solicitudes de las defensas.