La dirección popular, una vez más, intenta dar la vuelta a la tortilla en el caso Gürtel y buscar un culpable externo, ajeno a sus siglas e incluso ajeno a los delitos de corrupción que se van a juzgar en los tribunales. Tiene que darle un enemigo a batir a su propia militancia y, especialmente, a los cargos y parlamentarios, que en las últimas semanas vienen cuestionando abiertamente el apoyo que su líder, Mariano Rajoy, otorga a algunos implicados en la trama, como a su tesorero, Luis Bárcenas.

Su nuevo chivo expiatorio es la policía judicial, concretamente la unidad de delitos económicos y fiscales (UDEF), cuyos responsables, según la última denuncia presentada por el PP ante la justicia, deberían declarar ante un juez para ayudar a aclarar quién está filtrando sumarios e informes que "perjudican" a los conservadores. En opinión del Ministerio del Interior, esa denuncia "delirante" que se hizo pública el viernes y que cuenta con el visto bueno de Rajoy, tiene como objetivo "amedrentar" a los agentes encargados de investigar los lazos de la red corrupta dirigida por el empresario Francisco Correa con ese partido. "Pero no van a conseguir su propósito", sostienen fuentes del departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba.

CON AVISO PREVIO El responsable del área de Justicia e Interior del PP, Federico Trillo, se ha reconocido como el encargado de transmitir a Rubalcaba el malestar de los populares por las continuas filtraciones que, en los últimos meses, se han producido respecto a documentación delicada y conversaciones grabadas por orden judicial, casi siempre con políticos conservadores como protagonistas.

Según el criterio del principal partido de la oposición, la gota que colmó el vaso de su paciencia fue la publicación en El País, el pasado domingo, de una charla telefónica mantenida entre el empresario Alvaro Pérez (El Bigotes ) y un tercero en la que se asegura que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, aceptó regalos de la trama Gürtel. Dicha gota sirvió a los de Rajoy como excusa para pasar al contrataque y, entre otras cosas, emitir un duro comunicado contra Interior cuyo contenido, según fuentes populares, se adelantó al ministro del ramo. Esas mismas fuentes señalan que Pérez Rubalcaba ha negado, desde un primer momento, tener responsabilidad alguna sobre las informaciones de la prensa en torno al caso Gürtel. Pero el PP cree que tanto él como su secretario de Estado, Antonio Camacho, están obligados a explicar cómo han podido llegar hasta la opinión pública informes policiales que, en principio, eran secretos. E insisten en que Rubalcaba debe darlas en el Congreso y, Camacho, en los tribunales. Por eso, Trillo incluye al número dos del ministerio en su denuncia como una de las personalidades que, a su entender, debería ser interrogado por un juez. "Todo esto es delirante e intolerable en un Estado de derecho", enfatizan desde el entorno del titular de Interior.

EN BUSCA DE COHESION Independientemente de las posibilidades reales que tenga la denuncia por filtraciones de prosperar en los tribunales, ese documento jurídico está llamado a ser un elemento de cohesión entre populares. Es obvio que la citada denuncia y las continuas alusiones que, a partir de ahora, harán los dirigentes del PP a la misma, pretenden revitalizar un sentimiento victimista en el seno del partido, esto es, el ya tan manido "vienen a por nosotros".

Una estrategia similar se puso en marcha cuando el caso Gürtel daba sus primeros pasos y resultó implicado el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. Entonces la campaña (e incluso alguna que otra querella) iba dirigida contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y su compañero en una polémica cacería, el ex ministro de Justicia Mariano Bermejo, que terminó dimitiendo.

El equipo de Mariano Rajoy hizo un balance positivo de aquella experiencia y, a las puertas de tener que tomar una decisión sobre el futuro político de su tesorero, tratan de repetirla. Se busca el cierre de filas, acallar críticas internas y forzar a otros a que expliquen por qué ve la luz información que hace daño al PP. Rajoy está en su derecho de intentarlo, aunque quizás debería reclamar, de vez en cuando, alguna explicación dentro de su propia sede.