El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, aseguró hoy que la reforma de la Ley del Menor es necesaria pero centrándose en la aplicación de medidas de contención educativas obligatorias y no en la rebaja de la edad penal, tras las agresiones sexuales cometidas contra dos menores de trece años en ambos casos presuntamente por un grupo de jóvenes entre los que se encuentran menores de edad registrados en Isla Cristina (Huelva) y Baena (Córdoba).
En declaraciones a Europa Press, el Defensor del Menor indicó que ante casos de violación como los registrados la semana pasada, el problema es "doble" por el trasfondo educativo y de "falta de valores" que tienen estos delitos. Así, señaló que hay un problema educativo, en donde entran los padres y los profesores, y que invita a hacerse la pregunta de "qué está pasando para que unos niños con edades tan jóvenes sean capaces de acometer delitos tan graves".
A su juicio, actos como estos requieren una profunda reflexión sobre si el modelo de sociedad actual funciona o no, "con la series de televisión, la violencia, el sexo, la falta de educación en valores, o el relativismo moral". "Son cuestiones que deberíamos tener en cuenta y que deberían hacernos reflexionar porque en el trasfondo de los delitos están estas cosas", añadió Canalda.
Según Canalda, la Ley del Menor "falla por arriba y por abajo", cuando ocurren delitos mas graves, donde se debería endurecer las penas, y crear "medidas excepcionales para delitos excepcionales". En el caso de los problemas "por abajo", señaló que hay muchos menores de 14 años que se quedan impugnes y "no es lo mismo robar que violar".
Por eso, en su opinión, hay que reformar la Ley, pero no rebajando las penas, sino haciendo que las medidas de contención, que ahora, por los sistemas de protección son voluntarias, hacerlas obligatorias "para que uno vea en un centro lo que le espera si sigue cometiendo este tipo de delitos". "Hay que hacerle ver que ha hecho una barbaridad", apostilló.
En este sentido, destacó la importancia de que el juez, en lugar de que el niño pueda elegir hacer una tarea o no, pueda obligar al acusado en cuestión "a pasar unos días en unos centros para que sepa que lo que ha hecho está muy mal". Todo ello, con programa educativos específicos para cada caso y con un seguimiento posterior de forma individualizada.
Para ello, es necesaria una "reforma muy profunda del sistema de penas", indicó Canalda, al tiempo que insistió en que si un centro para jóvenes de 14 años funciona bien, "por qué no lo va a hacer un centro especializado para niños de 12 y 13 años". No obstante, recalcó la necesidad de seguir trabajando después con cada uno de los niños para que sepa, como en estos casos, "que no se puede ir violando a niñas así porque sí".
