El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela impuso ayer una fianza de 6.000 euros al sindicato Manos Limpias con el objetivo de que puedan seguir acusando al magistrado Baltasar Garzón por prevaricación por haber investigado los crímenes de la dictadura franquista. La ley exige a las acciones populares prestar una fianza "para responder de las resultas del juicio". La cuantía debe ser asequible.
El sindicato Manos Limpias es la única acusación que actúa contra el juez de la Audiencia Nacional, ya que el fiscal ha pedido el archivo de esta querella por entender que el juez no ha cometido ningún delito.
