Las ramificaciones de la trama de corrupción que investiga Baltasar Garzón alcanzan a un dirigente de primer nivel del PP: el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. Así lo entiende la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito sujeto al secreto sumarial cita a Camps entre los cinco aforados --cargos públicos protegidos por el fuero parlamentario-- contra los que tiene indicios de delito.

Por esta razón, el fiscal insta al juez a inhibirse en favor de los tribunales superiores de Madrid y la Comunidad Valenciana, competentes para investigar a sus respectivos aforados

De la relación de los cinco diputados autonómicos investigados solo han trascendido cuatro nombres: el de Camps y los de los parlamentarios de la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, recientemente dimitido como consejero autonómico de Deportes; Benjamín Martín Vasco, hasta ayer presidente de la comisión de investigación sobre la trama madrileña de espionaje; y Alfonso Bosch, gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda de Boadilla del Monte. El quinto, valenciano, no se conocía al cerrar esta edición.

Tampoco se han hecho públicos los indicios de delito concretos que pesan sobre cada uno de los aforados. De hecho, fuentes del ministerio público aclaran que las evidencias contra el presidente Camps podrían ser insuficientes para que sea objeto de una imputación formal.

La Fiscalía Anticorrupción centra la trama de corrupción en la Comunidad de Madrid. Por esta razón, el ministerio público apoya que la trama corrupta sea investigada "en su totalidad" por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, excepto determinados hechos, "perfectamente escindibles", que correspondería investigar a la misma instancia de la Comunidad Valenciana.

"SERIOS INDICIOS" La fiscalía, en una escueta nota de prensa, explica que entregó ayer al magistrado el informe que este le requirió el pasado viernes tras encontrar "serios indicios de que personas vinculadas o integradas" en el PP "podrían tener responsabilidad penal en esta causa". Estas personas, al ser aforadas, deben ser investigadas por los tribunales de justicia de sus respectivas comunidades autónomas.

Previsiblemente, el juez remitirá la causa al TSJM la próxima semana. Sin embargo, hasta que el tribunal competente no acepte el caso, él podrá continuar con la investigación. El magistrado aún espera los informes policiales de los documentos intervenidos en los registros.

En ellos aparece una relación de cargos del PP que han recibido sobornos de Francisco Correa, el cerebro de esta trama.