Mariano Rajoy convocó ayer en Madrid a su comité ejecutivo con la firme intención de exigir lealtad y cierre de filas ante la gravísima crisis que atraviesa el PP. Para arengar a un partido deprimido ante tanta acusación de corrupción, optó por echar un pulso a la justicia. El líder popular culpó de su particular calvario al titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y al juez Baltasar Garzón por diseñar una operación contra el PP de la que se declaró dispuesto a defenderse. "Esto no es una trama del PP, esto es una trama contra el PP", espetó.

La llamada a la unidad que trasladó a puerta cerrada a su partido se exteriorizó mediante una imagen inédita: la de Rajoy escoltado por todos los miembros de su dirección en una comparecencia en la que no aceptó preguntas de los medios. Así, arropado, dijo que será contundente con cualquiera que dañe la honorabilidad del PP, pero antes lo fue con Bermejo y Garzón. Anunció la ruptura de relaciones con el ministro, al que reprocha la filtración a la prensa del sumario del caso Gürtel, y exigió al juez que deje de instruirlo.

CARGOS "CON GRILLETES". Pero como Rajoy no espera ni que Bermejo dimita ni que Garzón se inhiba, ayer explicó al partido su plan B. Solicitará en el Congreso las comparecencias del ministro de Justicia y del fiscal general del Estado para que aclaren quién rompió el secreto sumarial y la motivación del "diferente trato" que la fiscalía da a los partidos. Tanto la Fiscalía del Estado como Garzón investigan ya el origen de estas filtraciones.

"Nunca en España ... se había hecho un uso tan partidista de la fiscalía como hasta ahora", denunció Rajoy, que se quejó de que, últimamente, haya policías "encapuchados" que, acompañados de cámaras de televisión, se dediquen a detener a cargos del PP y a ponerles "grilletes", para después "dejarlos libres".

A continuación, añadió que también exigirá a Bermejo que explique en el Congreso por qué se fue de cacería con Garzón el pasado fin de semana, justo "cuando se hicieron públicas filtraciones del sumario". "Esto es un acto obsceno, que liquida la calidad de la democracia .... El PP dirigirá un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que examine este asunto, para que diga si es sensato, razonable o normal que un juez que está instruyendo un sumario se vaya de cacería con el ministro de Justicia", resaltó. El líder conservador insistió en que Garzón debería apartarse del caso. De lo contrario, dijo, el PP se personará en la causa y pedirá la recusación del magistrado. Los populares presentarán hoy en la Audiencia ambas solicitudes.

En el turno de réplica a puerta cerrada, y según fuentes populares, la primera en hablar fue la presidenta del PP en Baleares, Rosa Estarás. Aseguró que ella sufre el "protocolo de actuación" de una fiscalía que detiene a cargos "por interés electoral". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseveró que ella también había sido víctima de ese tipo de prácticas.

CAMPS SE DEFIENDE. Y el valenciano Francisco Camps garantizó a sus compañeros que la Generalitat nada tiene que ver con esta trama de corrupción, y adujo que todos los gastos están "fiscalizados". En este caso se refería a los de la Administración, no a los del partido. Hubo muchas peticiones de palabra, casi todas para apostar por la unidad.

Entonces, Ana Botella, teniente de alcalde de Madrid y esposa del ex presidente José María Aznar, señaló que le parecían bien los llamamientos a la cohesión, pero demandó que se defienda la etapa aznarista. "Ana, será así. Y si no es así, me gustaría que lo digas inmediatamente", le respondió Rajoy. La alcaldesa de Valencia, Rita Barbera, trasladó al líder una idea de otro dirigente valenciano, Vicente Rambla: que compareciera ante los periodistas con toda la Ejecutiva. Así se hizo. Y Rajoy intentó mandar un mensaje de tranquilidad: "Trataremos con valentía y justicia un asunto que en democracia no se puede repetir".